La Junta informa a alumnos de Opening de que pueden dejar de pagar los créditos

La Consejería de Gobernación de la Junta está comunicando por carta a los afectados en Andalucía por el cierre de los centros Opening que pueden dejar de abonar los créditos suscritos con distintas entidades bancarias para financiar los cursos de idiomas. La Junta recuerda también el derecho que tienen los ex alumnos a ser suprimidos de los registros de morosos, si hubieran sido incluidos por dejar de pagar con anterioridad estas mensualidades.

En una nota, la consejería recuerda que la intención de la Dirección General de Consumo es lograr la máxima difusión de las medidas cautelares estimadas positivamente por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, que instruye la demanda colectiva presentada por las asociaciones de consumidores en colaboración con la Junta de Andalucía.

La juez del caso Opening dispone en las medidas cautelares que sean las propias entidades financieras las que difundan y publiciten esta resolución convenientemente, para que pueda servir a los alumnos afectados. Sin embargo, cientos de llamadas de alumnos recepcionadas por la Administración autonómica aseguran que los bancos eluden esta responsabilidad y comunican a los afectados no tener constancia de estas disposiciones.

Información a toda España

Ante esta situación, la Consejería de Gobernación, además de poner en marcha comunicaciones para los afectados en Andalucía, estimados en unos 10.000, se va a dirigir al resto de comunidades autónomas informando del alcance nacional de estas resoluciones temporalmente adoptadas por la justicia. En este sentido, Gobernación ha elaborado un escrito que enviará a todas las direcciones generales de consumo de ámbito nacional, poniendo en su conocimiento el auto y pidiendo su colaboración para hacer llegar a los alumnos de Opening su derecho a dejar de pagar los créditos, así como a ser excluidos del registro de morosos.

Igualmente, la Consejería de Gobernación ha remitido un escrito al Instituto Nacional de Consumo, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, instándole a que colabore en la difusión de la información y en la protección de los afectados por el cierre de la academia de idiomas Opening. El objetivo es que el máximo posible de ciudadanos se beneficien de las medidas cautelares y puedan suspender los pagos para lo cual, según recoge el auto, el único requisito es que los alumnos no estén implicados en otros procesos judiciales, hayan sido o no resueltos.

La demanda conjunta y colectiva de las asociaciones se presentó el pasado 27 de noviembre, tras la firma de un convenio que materializó la colaboración de la administración autonómica en este caso, convirtiéndose en la primera en el ámbito español que respaldó una acción de estas características.