Calgiva niega que tuviera información privilegiada

Oller acudió ayer al juzgado número 1 de la capital de La Plana, donde se instruye la querella, después de que el juez, Horacio Badenes, lo llamara a declarar como imputado en el caso por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación en documento público. El directivo respondió durante dos horas al interrogatorio al que fue sometido por parte tanto del juez como de la fiscal. También respondió a las preguntas de Juan Callao, letrado de los concejales del Grupo Socialista, que presentaron la querella. De esta manera, no se acogió, tal como hizo Gimeno, a uno de los derechos que tienen los querellados quienes, al igual que tienen derecho a no decir verdad, pueden no contestar a las preguntas de la acusación. El abogado de Gimeno, Fernando Falomir, estimó innecesario plantear nuevas cuestiones tras considerar que, de la declaración del directivo de Calviga, se deduce la ausencia de contactos con el alcalde.

Oller se declaró responsable de la toma de decisiones sobre el procedimiento urbanístico que acabó con la adjudicación a Calviga de la urbanización de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea, un contrato por el que obtuvo el solar en el que, según se ha anunciado, se ubicará El Corte Inglés.

Oller, que figura como apoderado de la empresa, negó ante el juez que Calviga gozara de información privilegiada durante el proceso, acusación que consta en la querella. Además, aseguró no haber tenido contactos previos con el Ayuntamiento sobre las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana que fueron precisas y previas al concurso y la adjudicación. Sin embargo, el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Miguel Alcalde, sostiene que Oller participó en la negociación entre Renfe y el Ayuntamiento para decidir sobre los terrenos.

En la providencia en la que el juez llamó a declarar a Oller, se solicitaba documentación a Calviga y a El Corte Inglés. Además, requería a Caja Rural Castellón, entidad en la que se sellaron unos recibos que supuestamente fueron manipulados, para que aportara documentos con el fin de determinar si la modificación de la fecha de pago fue un error o un acto premeditado.

Ahora, el juez habrá de decidir si las diligencias practicadas son suficientes o si las prolonga con la toma de declaración a los concejales del PP que intervinieron en el proceso. Así, atendería la solicitud de la acusación particular que, tras comparecer Gimeno, solicitó el interrogatorio para el responsable municipal de Urbanismo, Alberto Fabra, y para el presidente de la mesa de contratación, José Pascual.