Las ONG de Girona denuncian que la operación policial contra Al Qaeda criminaliza a todos los inmigrantes
La Coordinadora de ONG Solidarias, que agrupa más de 50 entidades de Girona y el Alt Maresme, ha expresado su "indignación" por la actuación policial llevada a cabo durante la madrugada del pasado viernes, dentro de la denominada Operación Lago, que se saldó con la detención en las comarcas de Girona de una decena de inmigrantes acusados de pertenecer a Al Qaeda. La coordinadora mantiene que se han vulnerado derechos fundamentales como la presunción de inocencia y se ha creado un clima de desconfianza hacia los inmigrantes. "Se sienten observados, marcados y sospechosos", aseguran.
Las entidades gerundenses han dejado pasar unos días antes de manifestar su repulsa ante una actuación de los grupos especiales de la policía que, ya poco después de producirse, les pareció excesiva y que rozaba la ilegalidad. En el gran despliegue policial fueron detenidas en Girona y Barcelona 16 personas, contra las que se dictó ingreso en prisión. Otras ocho acabaron siendo puestas en libertad sin cargos después de declarar ante la policía.
Las entidades que trabajan en la integración de los inmigrantes mantienen que su trabajo cotidiano "se ve impedido por las acciones políticas y opiniones que criminalizan sistemáticamente a las personas inmigradas". Las ONG aseguran que estas personas sufren en su propia piel un clima de desconfianza que se ve incrementado en los originarios de países árabes. "La Ley de Extranjería o los discursos que equiparan la inmigración con la delincuencia y la inseguridad ciudadana, y últimamente con el terrorismo, ilustran claramente esta realidad", señalan las ONG.
Además de un escrupuloso esclarecimiento de los hechos, las entidades reclaman la presunción de inocencia para los detenidos. Las ONG mantienen que "el juego sucio" del Gobierno del PP "puede conducir a un clima de enfrentamiento social grave".
En algunos casos, durante la operación policial, los agentes se llevaron a comisaría a personas que no figuraban en la orden de detención de la Audiencia Nacional. En la casa de El Alami Aêtbelarbi, vecino de Salt de 34 años que trabaja en la construcción, se encontraba su hermano Mohamed, de 18, que también fue detenido, a pesar de que no había indicios contra él. En este domicilio se requisaron teléfonos móviles, cintas de vídeo familiares, aceite de oliva, papillas infantiles y una máscara que el cabeza de familia utilizaba para protegerse del polvo en la obra en la que trabajaba.
