Mossos y prepotencia

En alguna de nuestras ciudades o pueblos se pueden encontrar hoy pintadas que rezan así: "Que torni la Guàrdia Civil". Me duelen estos exabruptos desde una firme convicción democrática, constitucional y catalanista. Soy de los que llevan años, desde la época de la clandestinidad, soñando en la consolidación de una policía catalana, de los Mossos, como expresión del avance del autogobierno. Algunas cosas están fallando en el proceso de despliegue e implantación de la policía, dentro de las lógicas dificultades que comporta instaurar un modelo nuevo sobre una realidad preexistente harto compleja.

Hay en Cataluña como mínimo cuatro cuerpos distintos de fuerzas de seguridad, cantidad que podríamos ampliar si añadiésemos algunos cuerpos específicos en sentido territorial o sectorial (como los efectivos portuarios). La supervivencia de tal disparidad, fruto de la visión centralista de los diversos gobiernos españoles, del color que fuesen, genera en sí misma descoordinación e ineficiencia.

Otra dimensión de la absurda complicación es la proliferación de la privatización de la seguridad. Quizá llegaríamos a más que duplicar el recuento en cuanto a efectivos si incluimos las distintas empresas de guardias privados de seguridad. El último botón de muestra lo tenemos en la reciente noticia sobre el concurso anunciado desde la Sindicatura de Greuges para proveerse de policía privada.

Ya en el año 1984 se celebró en el Parlament un debate sobre el modelo policial para Cataluña. Se suscitó a raíz de unos graves incidentes que se produjeron en La Rambla barcelonesa, cuando los cuerpos de seguridad desmantelaron con inusitada violencia tenderetes cívicos, en concreto algunos de carácter feminista, que exhibían sus ideas y productos a los paseantes. Ya entonces se planteó el horizonte de una sola policía en Cataluña.

No se trataba de establecer de golpe y porrazo un solo cuerpo de efectivos. Esto sería inconstitucional (hay competencias reservadas a las fuerzas del Estado, como son las fronteras y las aduanas) y poco respetuoso con realidades tan enraizadas y escasas como las de las policías locales. Se trataba, y continúa tratándose porque el asunto está igualmente por resolver, de ganar en eficacia, coordinación, eficiencia y ahorro de recursos públicos, obviamente sin menoscabo, todo lo contrario, de la calidad de la seguridad ciudadana. Que conste que me estoy refiriendo exclusivamente a la dimensión policial de la seguridad, la cual a mi entender no es la más importante.

Se avanzaría hacia aquellos objetivos si de verdad existiese un mando unificado de cooperación, operativo en lo cotidiano, con el total respeto y confianza de las diversas administraciones, y si además se facilitase y promoviese, en las mejores condiciones, la progresiva implantación de los Mossos como policía de Cataluña.

Se han cometido algunos errores de bulto que están en el sustrato de las quejas aludidas inicialmente. Se ha confundido el concepto de Junta de Seguridad, entendido como un ámbito de negociación, cuando no de reivindicación, en vez de dar prioridad al de coordinación. Se ha menospreciado, tanto por parte de la Administración española como de la catalana, a las autoridades locales en las tareas de coordinación y mando sobre los efectivos. Los alcaldes deberían ser, de verdad, la máxima autoridad sobre seguridad en su término.

Se ha dificultado de forma ideológicamente partidista o nacionalista, española o catalana, según desde qué bando se contemple, el proceso de integración de efectivos de los cuerpos del Estado en la policía catalana. Es absurdo constatar las estrechez de los cupos de integración cuando existía una escasez de provisión de mossos en relación con las necesidades de los servicios que se debía asumir. No estuvo bien planteada la integración de guardias civiles o policías nacionales en las promociones de mossos, especialmente de quienes llevaban muchos años de residencia en Cataluña. Podían haberse impulsado programas de inserción de aquellos efectivos a la realidad autonómica catalana. Y ahora se nota el retroceso que significa el hecho de no poder contar con la experiencia y los conocimientos y la experiencia acumulada de los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Durante todos estos años, y también en parte fruto de lo anterior, no hemos conseguido instaurar una clara concepción política de policía catalana. Y ello se agrava ante las carencias de profesionalidad que se notan en determinados cargos administrativos y de confianza de las direcciones donde se elaboran las políticas de seguridad catalana.

Quizá donde más se ha notado ha sido cuando no se supieron reorientar, desde el principio, actitudes prepotentes de mossos, creyendo que así se iba a conseguir que la gente les tuviera más en cuenta como policía y les respetara. Si bien es verdad que se podía dar una actitud de personas que ante lo nuevo pusieran en duda la autoridad, no es a través de la prepotencia o el abuso y excesivo rigor del control (como sucede en algunas comarcas en cuestiones de tráfico) como se consigue el respeto.

En estos momentos quizá el problema principal esté en la falta de previsión por parte de ambas administraciones responsables, la del Estado y la de la Generalitat, sobre el despliegue de los mossos en todo el territorio de Cataluña como policía a todos los efectos, no sólo de tráfico. Esto es especialmente grave en el área metropolitana de Barcelona y en algunas zonas de las comarcas de Tarragona. Unos se van (los cuerpos del Estado) y otros no llegan (los Mossos). Se trata de las comarcas con mayor densidad de población y por tanto con mayores índices de problemáticas de seguridad.

No creo que la solución esté en forzar la máquina de la formación policial acelerando la salida de promociones incluso con el riesgo de bajar el nivel. Al contrario, debería subirse el nivel de formación policial en una sociedad tan compleja en la que el policía debería ir asumiendo un mayor papel de servidor de la ciudadanía y de colaboración en el tratamiento de las grietas sociales.

Rafael Ribó, presidente del grupo de ICV en el Parlament.