Liquidaciones por fin de temporada

Es posible, aunque no muy convincente, que los partidos de la oposición en el País Valenciano hayan agudizado su percepción y belicosidad para poner en un brete al PP allí donde gobierna y se desmanda. Puede ser, y habríamos de celebrarlo como ciudadanos y contribuyentes. Más cierto nos parece, sin embargo, que sean los propios gobernantes -decimos de los populares- quienes se hayan relajado, emprendiendo operaciones temerarias, y singularmente urbanísticas, en este tramo crepuscular de la legislatura. En palabras de uno de ellos, tan cínico como honrado, "los chicos han de hacer caja antes de las elecciones de mayo". No diré que en ello están, pero los indicios alarman.

A poco que se haya espigado la prensa de esta semana nos encontramos con una gavilla de presuntos episodios simultáneos con visos de pelotazo decantados por ese panal de rica miel que es el urbanismo municipal. Pudiera ser que, una vez substanciados o puestos en claro, nadie acabe en el banquillo, e incluso todos los involucrados resultaren trigo limpio. Amén. Pero aún así, el partido que gobierna la autonomía y puesto en solfa habría de considerar por qué se le abren tantos frentes acusatorios y sus ediles contribuyen a saturar las oficinas judiciales. A lo peor todo se reduce a un déficit de trasparencia en la gestión, pero eso ya es un delito político, aunque no esté tipificado.

Y vayamos al grano. En Castellón, los terrenos liberados por Renfe, peladilla especulativa donde las haya, han propiciado una querella admitida a trámite del grupo municipal socialista contra el alcalde, José Luis Gimeno, y una empresa del grupo Lubasa (¿podría ser otra firma?). Se les acusa de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación en documento público. Lo previsible es que todo esto quede en nada, pero tal inocencia no exime de dos apreciaciones colaterales: una, que por tratarse de una operación urbanística excepcional, debieron observarse estrictamente todas las garantías sin auspiciar la menor reserva. Y dos, lo que decimos se multiplica por cuanto la empresa citada está en la enfilada de todas las susceptibilidades debido a su condición hegemónica -y excluyente- en La Plana y a la ley del silencio que la protege.

En el sur del país, otro alcalde, Luis Díaz Alperi, de Alicante, está metido en otro chapapote, del que hasta ahora sólo ha dado explicaciones confusas y contradictorias, lo que tampoco mejora su menguado crédito como gestor público o privado. De nuevo, un espacio urbano privilegiado es el eje de una permuta por la cual el Consistorio compensa a los beneficiarios con unas parcelas valoradas en 15 millones de euros y recibe tan sólo 900.000. La oposición ha clamado al cielo por lo que califica de "regalo de terreno público" y habrá que esperar a que el peculiar edil se avenga a precisar tan onerosa operación. En todo caso, ya hay mimbres sobrados para el escándalo o, cuanto menos, para que los dedos se nos hagan huéspedes, como realmente sucede desde años ha.

Añádase a ello la serie de conflictos que subyacen o emergen en torno al negocio del palmo cuadrado en las comarcas del sur. A la vera del Benacantil, en El Campello, un concejal del PP, concretamente el de Urbanismo, ha de afrontar una querella por autorizar una urbanización en la que es parte interesada en tanto que propietario de una parcela. Por lo visto, con las prisas, hasta se soslayan las formas. En Orihuela -¡qué venero informativo judicial más agradecido!- la Consejería de Obras Públicas ha tenido que paralizar una promoción urbanística en el entorno de la sierra Escalona por irregularidades administrativas, agravadas asimismo por la opacidad documental a que se somete a la oposición. Y, por fin, la guinda: el legendario empresario de la Vega Baja, Ángel Fenoll, anda liado en un pleito por presunto delito de falsificación a propósito de la adjudicación de una obra pública...

Nada sorprendente. Es el ocaso de una legislatura y los bucaneros de la política han de cerrar operaciones y "hacer caja", como describía el aludido conservador. Son trapacerías individuales que cunden al amparo de la laxitud -no diremos complicidad- del partido que, por eso mismo, no puede permanecer blindado ante tales salpicaduras.