Un informe interno del Consorcio ve inviable su negocio en Uruguay

Un informe interno del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia admite que uno de sus negocios en el extranjero, la empresa uruguaya Uragua, es inviable "económica y financieramente". El estudio constata que Uragua mostraba en septiembre pasado "claras situaciones de deficiencia de tesorería". Para diciembre preveía un saldo negativo de 152.000 euros, con una pérdida en el último cuatrimestre de 240.000 euros.

Este informe ha motivado la última polémica en la entidad de aguas, a la que el Tribunal de Cuentas le ha reprochado el desvío de fondos del Plan de Saneamiento y cobros "improcedentes" de las tasas del agua, además de cuestionar la creación de la sociedad Udal Sareak y considerar ilegales sus negocios en el extranjero.

La difusión de parte de su contenido por el edil socialista bilbaíno Raúl Fernández motivó el envío de una carta del presidente del Consorcio, Iñaki Etxebarria, a Iberdola -empresa en que trabaja Fernández y asociada al Consorcio en Uruguay- en la que le instaba a "tomar medidas para paliar los daños ya causados por el señor Fernández". Esta carta ha sido fuertemente criticada por la oposición bilbaína, que ve un intento de "chantaje" al edil, uno de los que más ha criticado la gestión de Etxebarria en la entidad.

El informe interno fue elaborado por el actual director de Explotación del Consorcio, Koldo Urkullu, representante de la entidad en Uruguay en los dos últimos años, según fuentes de la misma. Detalla la situación de Uragua, empresa creada en 2000 tras ganar el concurso para encargarse del abastecimiento y saneamiento de agua en el sur de Uruguay, en la zona más turística. El Consorcio posee el 13% de las acciones e Iberdrola es el socio mayoritario con el 49%.

Tasas negativas

El documento, de 29 páginas y fechado en septiembre pasado, indica que Uragua "ha llevado a cabo su actividad de forma rentable hasta la fecha". Sin embargo, añade que la empresa, hasta entonces con cuentas de resultados positivas, "presenta signos evidentes de inviabilidad económica y financiera", dado que los parámetros a largo plazo son negativos. "Tanto las diversas tasas de rentabilidad como el valor del proyecto son inexistentes o marcadamente negativas". El estudio agrega que, al ser un negocio de infraestructuras básicas, está afectado por la devaluación de la moneda, ya que ingresa en pesos uruguayos, mientras que las inversiones y el pago del canon de explotación al Gobierno de aquel país las realiza en dólares. Es un riesgo "no controlable, no compensable, ni trasladable a tarifas".

Las deficiencias en tesorería se atribuyen al "fuerte ritmo inversor al que le obliga el contrato". Si Uragua lo rescinde, debería indemnizar al Gobierno uruguayo con 20 millones de dólares. El saldo positivo de septiembre de 88.000 euros se convierte en una cifra negativa de 77.000 en diciembre, mes en el que el saldo final de tesorería arroja pérdidas de 152.000 euros.