La empresa ofrece abandonar el vertedero de residuos tóxicos de Real de Montroi por una compensación

El País Valenciano se quedará sin el único vertedero de residuos tóxicos existente en su territorio en el caso de que el Ayuntamiento de Real de Montroi acepte indemnizar a la empresa que explota desde 1993 las instalaciones ubicadas en su término municipal. Según la propia alcaldesa, Carmen Ocaña, los directivos de la mercantil Valenciana de Eliminación de Residuos (VER), SL se conformarían con percibir una compensación que oscila entre los 2,4 y los tres millones de euros en un año y medio.

La propuesta aún no es oficial ya que Ocaña espera el visto bueno de sus vecinos antes de formalizar las negociaciones con la empresa. "Si los vecinos están dispuestos a que el Ayuntamiento negocie se hablará de cifras y de años concretos", advirtió la alcaldesa. Sin embargo, a los componentes de la Coordinadora Tòxics No, contraria a la reanudación de los vertidos, el consistorio les reveló que la empresa reclama nueve millones de euros, cantidad que han obtenido sus peritos de sumar la inversión realizada, las pérdidas producidas por los cuatro años que lleva de inactividad y el lucro cesante que deja de lograr por cerrar el negocio. Los dirigentes de esta firma, que inició en 1991 "la prestación de servicios medioambientales a las empresas valencianas", están dispuestos a negociar, ya que pretenden recuperar básicamente el gasto de la obra, destacó la alcaldesa.

La propuesta de VER,SL le llegó a la alcaldesa en la reunión que mantuvo el jueves con el subdelegado del Gobierno, Félix Crespo, y la directora general de Calidad Ambiental, Pilar Máñez, a la que también asistió el presidente comarcal del PP y alcalde de Catadau, Rafael Pellicer. Pero esta oferta ha provocado un fuerte debate en el seno de las asociaciones vecinales, cívicas y culturales que componen la coordinadora. Algunos ya se han manifestado en el sentido de "no pagar ni un duro" y de "culminar las batallas legales". Otros aseguran que lo que pretende la alcaldesa es "producir confusión". Y los hay que aseguran que "el Ayuntamiento no se puede hacer cargo de tan fuerte indemnización", ya que, la localidad, de apenas 1.850 habitantes, cuenta con un presupuesto municipal de tan sólo 660.000 euros. De ahí que reclamen la participación de la Generalitat, ya que incluyó este vertedero en el Plan Integral de Residuos Sólidos. Uno de los portavoces, Vicent Senchermés, es partidario de negociar, pero señala que en primer lugar se "debe estudiar la situación legal y después cuantificar la posible indemnización". La coordinadora y el Ayuntamiento coinciden en que "se debe pedir la opinión al pueblo", aunque nadie ha revelado cómo se llevará a cabo esta consulta.