El PNV recurre al Constitucional para recuperar bienes incautados en la Guerra Civil

El PNV anunció ayer su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que rechazó en diciembre el recurso de la formación nacionalista en el que pedía un resarcimiento económico de casi un millón de euros por la pérdida de derechos de arrendamiento de los bienes incautados tras la Guerra Civil. El PNV llevó al Supremo la decisión del Consejo de Ministros que le negó una indemnización por los bienes incautados. La sentencia consideraba que el partido no pudo probar de forma fehaciente que mantenía arrendados algunos de los locales que le fueron arrebatados durante la contienda y en la posguerra. Los bienes de todos los partidos que fueron declarados ilegales por el régimen franquista pasaron a manos del Estado.

La ejecutiva del PNV no deja de señalar en la nota que difundió ayer que recurre al Constitucional sin "muchas esperanzas" de que resuelva con justicia "a la vista de las recientes declaraciones de su inefable presidente", en referencia a las palabras del martes de Manuel Jiménez de Parga sobre las nacionalidades históricas. Pero precisa que es un trámite imprescindible para poder acudir en su caso al Tribunal de Estrasburgo.

El PNV no deja pasar la ocasión de volver a criticar a Jiménez de Parga, de quien dice que "seguramente su marcada fobia hacia todo lo que sea el nacionalismo vasco, dará carta de naturaleza y cobertura al expolio franquista".

Pacto de investidura

El 28 de octubre de 1998, el Senado aprobó la restitución a los partidos de los bienes que les fueron incautados durante la Guerra Civil. Era uno de los puntos del pacto que populares y peneuvistas suscribieron tras las elecciones generales de 1996 para la investidura presidencial de José María Aznar.

El pacto salió adelante sin un previo acuerdo con el PSOE, al que también le fueron incautados sus locales y bienes a raíz de la contienda. El acuerdo especificaba que, cuando la restitución no fuera materialmente posible, por haber sido los bienes transmitidos o adquiridos legalmente por terceros, el Estado compensaría pecuniariamente al partido desposeído.

Esta última parte del pacto permitió al PNV ganar en febrero de 2002 en el Tribunal Constitucional el recurso planteado contra un acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2000 en el que exigía a la Administración el pago de 901.630,46 euros en compensación por la incautación y el derribo del batzoki de Plentzia. En ese solar fue levantado un edificio al que se le dieron determinados usos públicos que "no es posible alterar o desafectar".

El Estado demoró este pago hasta el 25 de octubre pasado y ha tenido que pagar al PNV los intereses de demora, que ascienden a otros 26.771 euros.