Ya se duchaban

"Su abuelo ya se duchaba", escribió una vez Manuel Vicent para indicar que alguien no era un Don Nadie. Pero el presidente del Tribunal Constitucional ha llevado la imagen demasiado lejos al establecer como pauta de historicidad que en Granada ya había fuentes de colores cuando en otras partes "ni siquiera sabían asearse". Lo dijo para desautorizar la distinción entre comunidades históricas y las otras, lo que ha provocado la esperable tormenta. Resulta del todo improcedente que el presidente del organismo encargado de dirimir conflictos territoriales se meta en esos jardines. Sin embargo, merecía una respuesta algo más matizada que la acusación de xenofobia o de vulnerar la Constitución, incluyendo la amenaza de boicotear la conmemoración de su 25 aniversario.

La Constitución no habla de comunidades históricas. Ese término fue introducido, desde el periodismo, en referencia a las comunidades aludidas en la disposición transitoria segunda, que establece la posibilidad de acceso a la autonomía por la vía rápida, la del artículo 151, para aquellos territorios que "en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto". Es decir, Cataluña, País Vasco y Galicia. Todo el mundo entendió que se trataba de una proyección, sin decirlo, de la distinción entre nacionalidades y regiones que aparece -sin especificar qué criterios permiten distinguir a las unas de las otras- en el artículo 2. La identificación entre nacionalidad y haber refrendado su Estatuto es en sí misma arbitraria. Fue el levantamiento franquista lo que impidió que avanzaran los procesos de elaboración de los suyos que se habían iniciado en Valencia, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Canarias, Baleares, Asturias y Extremadura.

La referencia a una lengua propia como hecho diferencial es más consistente, pero no es del todo inmune a la polémica: por ejemplo, hay más valencianos o baleares que hablan su lengua que vascos que entiendan una sola palabra de euskera. Por ello, tal vez lo más prudente sea atenerse al criterio (invocado irónicamente por Miquel Roca en alguna ocasión) según el cual el más claro hecho diferencial de Cataluña y el País Vasco es que en esos territorios las elecciones autonómicas las suelen ganar los partidos nacionalistas.

Pero entonces, ¿qué pasa con Galicia? Allí las suele ganar el partido menos nacionalista de España. Hasta ahora. Las torpezas del PP en la crisis del Prestige, incluyendo la de identificar a Nunca Máis, plataforma en la que se reconocen gentes de diversas lealtades, con el BNG, que ha acabado aglutinando a todo el nacionalismo gallego, puede ser el factor que faltaba para que ese partido alcance una posición similar a la de CiU en Cataluña o el PNV en Euskadi. Con la paradoja añadida de que justamente ahora es posible que en esas dos nacionalidades deje de haber mayoría nacionalista.

¿También en Euskadi? El ex lehendakari Ardanza ha revelado estos días (en Radio Euskadi, 14-1-03) que a mediados de los 90 la Mesa de Ajuria Enea fue sensible a los argumentos del PP sobre la necesidad de cambiar de política antiterrorista. Sobre todo, de acabar con la sensación de impunidad que suscitaba en el mundo de ETA mantener indefinidamente abierta la puerta de la negociación, con oferta de reinserción incluida. "Tal vez no les faltaba razón", admite ahora Ardanza, por lo que, cuando el PP ganó las elecciones, se les planteó darles la oportunidad de resolver el problema en "cuatro o seis años", por la vía de la "firmeza desde el punto de vista de la policía y de la justicia", de forma que si no lo resolvían se volvería "ya definitivamente a los esquemas anteriores".

Ese plazo no se respetó. En el verano de 1998 los nacionalistas firmaban con ETA un acuerdo secreto cuya proyección pública fue el Pacto de Lizarra. ¿Qué había pasado en el intermedio? Pues que la movilización de Ermua alertó al PNV del riesgo de perder la mayoría (y todo lo que de ella pende), y decidió cambiar de política para evitarlo. Abandonó el Estatuto para abrazar el soberanismo como vía de atraerse el respaldo de HB, o directamente sus votos, y poder seguir gobernando. Al precio de romper el consenso pero contando con la inferioridad de condiciones de sus rivales, cuyos mítines y sedes han sido expresamente consideradas "objetivo militar" por ETA. Eso sí que es vulnerar la Constitución, por lo que no es sorprendente que los constitucionalistas vascos vayan a celebrar este fin de semana, en Bilbao y por iniciativa del colectivo ¡Basta Ya!, el primer homenaje a la Carta Magna en el año de sus bodas de plata.