Incontinencia verbal

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Jiménez de Parga, tiene una irrefrenable tendencia a irse de la lengua, sin tener en cuenta las exigencias de prudencia y de imparcialidad a las que le obliga su importante función institucional. Ya se puso de manifiesto el mismo día de su toma de posesión con unas sarcásticas y desafortunadas referencias al "lehendakari de Oklahoma", a raíz de las medidas antiterroristas acordadas por Bush tras el 11 de septiembre. Pero ayer se despachó con unas declaraciones todavía más desafortunadas e irreflexivas, en las que pone en cuestión la organizacion territorial del Estado establecida en la Constitución y aventura una opinión sobre el juicio de ilegalización de Batasuna que le inhabilita para actuar como magistrado si el asunto llega al tribunal que preside.

Jiménez de Parga aboga por poner fin a la clasificación entre "nacionalidades históricas" y las que no lo son y deja entrever que la solución que espera en el juicio de Batasuna es su ilegalización, en un balbuceo en el que no termina de pronunciar la palabra. Si la torpeza de estas declaraciones hay que medirla por la repulsa que han suscitado, no puede ser mayor. El rechazo por parte del conjunto de las fuerzas políticas ha sido contundente y unánime y el juicio más piadoso que han merecido ha sido el de "desafortunadas" por parte del propio PP catalán. Juzgadas por su efecto, nada produce más división entre los españoles que las ocurrencias frívolas y los chascarrillos seudohistóricos pronunciados por Jiménez de Parga bajo una supuesta preocupación por la unidad de España.

De quien preside el órgano encargado de interpretar la Constitución se espera una actitud de imparcialidad ideológica y una contención de su facundia verbal acorde al cargo que ejerce. Sus ideas políticas no sólo no interesan, sino que interesa que no las exponga. El sentido de Estado, que tanto preocupa a Jiménez de Parga, se manifiesta en la aceptación sin más del Estado constitucional, que garantiza una determinada organización y distribución territorial de poder y no en lanzar aventuradas interpelaciones que lo cuestionan. ¿En qué situación coloca al Tribunal Constitucional un presidente que no habla por los autos y resoluciones que dicta el alto organismo, sino que se dedica a exponer por libre sus particulares puntos de vista políticos y doctrinales sobre la Constitución, al margen del órgano que preside y del resto de magistrados que lo componen?