Asociaciones de afectados por los abusos del agente urbanizador constituyen una plataforma conjunta
Los afectados por la inadecuada aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y los abusos de la figura del agente urbanizador preparan la inminente constitución de una plataforma que aglutinará a todas las asociaciones.
La nueva plataforma, que se presentará oficialmente a finales del mes de febrero en un acto conjunto en Valencia, aglutinará a la Plataforma contra la Barbarie Urbanística de Castellón, integrada por vecinos de Peñíscola, Benicarló, Alcossebre, Cabanes, Castellón de la Plana, a los afectados de Llíria, en Valencia, y a los integrantes de la asociación Abusos Urbanísticos No, creada en Xàbia y que reúne a afectados de la Marina Alta y Baixa.
El colectivo, del que formarían parte más de 1.500 socios, denuncia los abusos urbanísticos que se están cometiendo debido a la inadecada ejecución de la legislación valenciana. Enrique Climent, miembro del grupo de Castellón, considera que se está realizando una "descontrolada aplicación" de la ley, y que el agente urbanizador adquiere demasiado poder en la gestión del territorio. "No tiene ni un metro de tierra en propiedad, y urbaniza la zona exigiendo grandes cantidades de dinero a las personas que hemos comprado la tierra hace años", lamenta Sandra Claret, miembro también del grupo de Castellón.
El colectivo, al igual que la plataforma de las comarcas de Alicante, que está integrado mayoritariamente por extranjeros residentes, exige mantener "cuanto antes" una reunión con el presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, para conseguir una "modificación" de la LRAU, y una moratoria que deje sin efecto las cargas económicas que muchos de ellos están asumiendo debido a que les han urbanizado su terreno. "Estamos esperando una respuesta del gobierno del PP, pero con la proximidad de las elecciones tendremos que reunirnos también con el resto de fuerzas políticas para trasladarles nuestra inquietud y preocupación", comentó Climent. Por su lado, Charles Svoboda, presidente del grupo de afectados en Alicante, anunció que en la reunión que se celebrará en Valencia el próximo mes fijarán un calendario de reuniones y movilizaciones para conseguir que se modifique la ley y se limite la actuación del agente urbanizador. El objetivo del colectivo es conseguir aumar a todos los afectados del País Valenciano para "hacer un frente común, consensuar posturas y llegar a la Administración con una propuesta concreta de cambios", agregó Climent.
