Las cajas de ahorros y el poder financiero de Cataluña
El modelo de cajas de ahorros de Cataluña ha funcionado francamente bien, según todas las opiniones, a lo largo de estos años. Las cajas constituyen la columna vertebral del sistema financiero catalán, absorben el 70% de nuestro ahorro, están enraizadas en el territorio y desempeñan un papel protagonista en muchos campos. Bajo este modelo han encontrado su encaje proyectos diversos. Las 10 cajas de ahorros catalanas son muy distintas entre sí. Algunas tienen una clara vocación territorial y su éxito está estrechamente unido a su vinculación al territorio, con el que existen externalidades mutuas. Otras, las dos grandes, son entidades de primera fila, con un importante volumen de activos y destacadas participaciones industriales. Una mención aparte merece La Caixa. Por primera vez en mucho tiempo, en Cataluña existe una entidad financiera que juega en primera división, que ocupa el tercer lugar en España y ha sabido crear un grupo de participaciones industriales de primera magnitud, algunas en sectores estratégicos para el futuro de nuestra economía, como las infraestructuras y la energía. Es una institución que además, cuando los dos grandes bancos no atraviesan su mejor momento, lo tiene todo a favor para consolidar una posición muy destacada en el panorama financiero español.
Es evidente que no todo es de color de rosa. El modelo de cajas de ahorros tiene algunas debilidades notables. Primero porque, al no ser sociedades por acciones, no pueden acudir al mercado de capitales para obtener recursos propios como hacen otras instituciones. Después porque, al no tener unos propietarios claros, ni la configuración ni el funcionamiento (ni los procedimientos de rendición de cuentas) de los órganos de gobierno están satisfactoriamente resueltos, debilidad que es tanto más patente cuando vemos que incluso las empresas que cotizan en Bolsa tienen mucho que mejorar en este sentido. Es, pues, preciso realizar reformas, porque es un modelo frágil al que acechan los riesgos de la privatización y de la politización excesiva, sin caer en el descontrol de la dirección general, que es un peligro real, como se ha demostrado en algunos casos notables. Hasta ahora en Cataluña se han sabido ahuyentar razonablemente bien estos riesgos, aunque ello no significa que no haya que hacer reformas. Pero con tiento y prudencia, conscientes de que cualquier paso en falso puede ser perjudicial; preservando siempre con un cuidado exquisito este bien básico que es la estabilidad cuando de instituciones financieras se trata, y teniendo muy claro cuáles son los objetivos desde el punto de vista del interés del país: potenciar la existencia de instituciones financieras de indiscutible solvencia con el centro de decisión en Cataluña y asegurar su autonomía e independencia.
Desgraciadamente, no ha sido éste el espíritu que ha prevalecido en los últimos meses, a lo largo de los cuales hemos asistido a un lamentable espectáculo de intervencionismo, arbitrismo y partidismo que debería sonrojar a quienes lo han realizado y aún más a quienes han escrito el guión. Y ello vale tanto para los cambios introducidos por la Ley Financiera estatal, respecto a la duración y el número de mandatos y la limitación de edad para acceder a los órganos de gobierno (por cierto, según informaciones no desmentidas, inspirados y alentados por el Gobierno de la Generalitat), como para las modificaciones en la normativa catalana, entre otras el límite de 20 años para estar en los órganos de gobierno, acumulando el tiempo transcurrido en distintas entidades e incluso en el cargo de director general.
Todo ello ha tenido dos grandes víctimas: primero, la autonomía de Cataluña, puesto que una ley estatal ha entrado en la regulación de cuestiones que debe decidir el Parlament, que tiene competencia exclusiva en la materia, y segundo, la independencia y autonomía de las propias entidades, ya que se han regulado aspectos que deben ser establecidos por sus estatutos. Y lo más lamentable han sido los intentos apenas disimulados del poder político de intervenir en una decisión, como la de decidir quiénes deben ocupar los puestos de gobierno, que compete exclusivamente a las propias entidades. Y para no extendernos en detalles, sólo hay que recordar el bochornoso espectáculo, impropio de un país mínimamente serio, que realizó el conseller en cap de la Generalitat cotilleando en una cena privada sobre quién debía ser el futuro presidente de una entidad privada como es La Caixa.
Parecen claras las motivaciones partidistas que hay detrás de todo ello. El PP trata de tener una incidencia, que hasta ahora ha sido escasa, en la tercera gran entidad financiera española. Y tampoco le importaría demasiado si una lucha sucesoria condujera a debilitarla. Y CiU se prepara para la travesía del desierto intentando extender tanto como puede sus zonas de influencia ahora que todavía dispone de los resortes del poder. En cualquier caso, todo esto es muy negativo e irresponsable porque, como antes se señalaba, estamos hablando de un tema sensible, en el que cualquier signo de inestabilidad puede ser perjudicial. Y algunos aprendices de brujo deberían saber ya que tanto la gran banca privada como el poder político central aprovecharán cualquier oportunidad para debilitar nuestro sistema financiero.
La historia de Cataluña con las instituciones financieras ha sido en el pasado desafortunada. A ello ha contribuido, muy en primer término, el poder político financiero español, que siempre ha visto con hostilidad que Cataluña tuviera grandes instituciones financieras. F. Cabana ha explicado cosas importantes al respecto. Pero también han ayudado los errores propios, la incapacidad para hacer prevalecer proyectos colectivos por encima de las posiciones particulares de poder. No dejaría de ser una ironía del destino que ahora que, con las cajas de ahorros, ha resurgido un cierto poder financiero catalán, precisamente Jordi Pujol terminara su larga etapa de presidente permitiendo, por egoístas intereses partidistas, que se perjudicara gravemente a nuestras instituciones financieras.
Antoni Castells es catedrático de Hacienda Pública.
