La Junta pide que el juez anule los estatutos de Cajasur por incumplimiento "flagrante" de la ley

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía presentaron el pasado lunes una demanda contra la decisión de la Asamblea General de Cajasur de aprobar, el pasado 28 de diciembre, los estatutos propuestos por el presidente de la entidad, el sacerdote Miguel Castillejo. Estos estatutos suponen la consumación del proyecto de Castillejo de escapar de la tutela de la Junta para situarse bajo el amparo del Ministerio de Economía. Los juristas de la Administración autonómica piden la anulación de estos estatutos porque incumplen "flagrantemente" varias normas.

Esta demanda constituye el primer paso jurídico de relieve que la Junta de Andalucía va a poner en marcha para abortar la fuga de Cajasur del protectorado autonómico. Los otros dos son el recurso de inconstitucionalidad que ha anunciado contra la Ley Financiera (la norma que ha permitido a Castillejo escapar del control de la Junta) y el recurso contencioso-administrativo que presentará si el Ministerio de Ecomomía aprueba los nuevos estatutos presentados por Castillejo.

La demanda presentada ante un juzgado civil de Córdoba, de 62 folios, analiza punto por punto la estrategia de Castillejo para huir de la tutela autonómica desde la entrada en vigor de la Ley Financiera, el 23 de noviembre de 2002. En poco más de un mes, el presidente de Cajasur consiguió que el Consejo de Administración acordase adherirse a la Ley Financiera y aprobase los nuevos estatutos, que fueron ratificados posteriormente en una polémica Asamblea General celebrada el día de los Santos Inocentes.

A la par que la Junta presentaba la demanda, la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, remitió una carta al ministro de Economía, Rodrigo Rato, en la que le comunica la iniciativa legal (de la que adjunta una copia) "en atención al principio de lealtad institucional".

Los juristas de la Junta subrayan en la demanda los defectos de fondo y de forma en este proceso y no dudan en destacar que Cajasur ha incumplido "flagrantemente" varias normas: el Estatuto de Autonomía de Andalucía; la Ley de Cajas autonómica; la LORCA (la ley básica del Estado sobre las cajas de ahorro); la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos andaluces de 2003 y un decreto autonómico de diciembre del año pasado que establecía que para adherirse a la Ley Financiera tenían que estar de acuerdo los dos socios fundadores de Cajasur (la Iglesia católica y la Diputación de Córdoba, que se ha opuesto al proceso auspiciado por Castillejo).

Regresión democrática

La demanda detalla todos los artículos de los estatutos que, en su opinión, incumplen las normas antes citadas (42 en total), aunque se centra en la vulneración de los derechos de la Diputación como fundadora de la entidad; en la fuga de la tutela autonómica y en la regresión de los principios democráticos con los que funcionan las cajas de ahorro.

En este sentido, la demanda hace hincapié en que el artículo 18 del Estatuto de Autonomía establece que la Junta tiene competencia plena en materia de cajas de ahorros, extremo que según la Junta se vulnera al situarse Cajasur al amparo del Ministerio de Economía.

Frente al argumento de Castillejo de que sólo la Iglesia católica es fundadora de Cajasur, la demanda explica que las diputaciones provinciales sólo pueden estar en los órganos de gobierno de las cajas por el grupo de los fundadores, ya que las otra vías de representación política corresponden a los ayuntamientos y a la Junta. También destaca la Junta que Castillejo ha aumentado el peso de la Iglesia en Cajasur (en la Asamblea pasa de tener el 35% al 46% y en el Consejo de Administración, del 35% al 50%) en claro detrimento de los demás grupos con representación en la entidad financiera (diputación, ayuntamientos, impositores y trabajadores).

Además, la Junta sostiene que la decisión de que sea la Asamblea General la que elija a los representantes de todos los grupos y no estos, como hasta ahora, "pervierte el principio de representatividad y pluralismo". Según la demanda, "esta intromisión en la conformación de la voluntad de cada uno de los grupos" supone ir a un "sistema claramente presidencialista" ya que el fundador podrá decidir en la práctica la representación de cada uno de los demás miembros que forman parte de los órganos de gobierno de Cajasur.