La Junta aprueba el proyecto de ley de colegios profesionales que exime a los empleados públicos

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el proyecto de ley que regula los colegios profesionales, cuya principal novedad es que establece la adscripción obligatoria a la entidades para el ejercicio de las profesiones colegiadas, pero libera de esta exigencia a quienes ejerzan con exclusividad en las administraciones públicas. De otro lado, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Cervera, lamentó el "triste papel" del PP en la polémica de la financiación, ya que, en lugar de defender los intereses andaluces, se dedica a "buscar argumentos para que el Gobierno central no pague".

La consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, explicó que la Junta ha tardado "mucho tiempo" en decidirse a regular los colegios profesionales, en espera de que el Gobierno central completara el marco estatal para "no entrar en contradicciones" entre las dos administraciones. "No ha sido así", agregó, "y aún sigue vigente la ley de 1974, que es preconstitucional". En consecuencia, según la consejera, la Junta ha optado por hacer una ley que otorgará "mayor transparencia y claridad" en la relación de "fines y objetivos" de esta actividad.

El proyecto de ley libera de la exigencia de colegiación a quienes ejerzan su profesión con exclusividad al servicio de las administraciones públicas de Andalucía, ya que en estos casos serán las propias administraciones quienes asuman las funciones de tutela que tienen delegadas los colegios, por lo que queda garantizada la protección de los usuarios a través de las normas reguladoras de los servicios públicos, "que impone rigurosos deberes de conducta", explicó la consejera.

La normativa fija un régimen jurídico dual para los colegios, cuya actuación está sometida al derecho administrativo por su repercusión pública y al derecho privado por su relación con los particulares. Los colegios profesionales pasarán a ser entes colaboradores de las administraciones públicas al cubrir objetivos considerados de interés público.

En este sentido, se prevén fórmulas de cooperación como la delegación de competencias o la encomienda de la gestión de determinados servicios, así como la suscripción de convenios para el desarrollo de actividades de interés común relacionadas con la profesión de que se trate. La norma también recoge la creación de un registro en el que deberán inscribirse todas las corporaciones profesionales que tengan su ámbito de actuación dentro de la comunidad -en la actualidad, medio centenar, según Hermosín-, para ofrecer información sobre el funcionamiento de los colegios, sus estatutos, deberes y órganos de gobierno.

Por último, se establece la obligatoriedad de que los colegios dispongan de normas deontológicas y de un régimen disciplinario en el que se tipifiquen las infracciones y las sanciones y sus procedimientos.

Respecto a la protesta de algunos colegios, especialmente los sanitarios, por la libertad de colegiación en el caso de los funcionarios, Carmen Hermosín dijo que la ley no obliga a ningún funcionario a darse de baja en su colegio, aunque tampoco a darse de alta. En cualquier caso, aseguró que no le consta que se hayan producido bajas masivas.

"Triste papel del PP"

Tras la reunión del consejo de Gobierno, el portavoz, Enrique Cervera se refirió a la ruptura de las negociaciones sobre la liquidación presupuestaria que hace el Ejecutivo de José María Aznar a Andalucía del anterior sistema de financiación y calificó de "muy triste" el papel desempeñado por el PP andaluz, ya que, en lugar de defender los intereses de su tierra, esta formación "se dedica a enredar y a intentar buscar argumentos para que no se pague".

Por otro lado, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, recibió ayer en el Palacio de San Telmo al secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, quien acusó al Gobierno español de ser el que más resistencia está poniendo a que se avance en el "reconocimiento" de las regiones en Europa, y de no querer buscar fórmulas para lograr la presencia de las regiones en las instituciones de la UE.