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3.600 reclusos, a la espera de ejecución en EE UU

Los perdones y conmutaciones de este fin de semana en Illinois contribuirán al debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, donde está a la baja el número de reclusos en espera de ejecución y se detecta una pequeña pérdida en el apoyo de la medida, que ha caído del 80% al 70% en aprobación popular. Más de diez Estados tienen pendientes este año debates legislativos sobre la pena de muerte, con propuestas que van hasta la abolición.

La pena de muerte rige en 38 de los 50 Estados de la Unión. George Ryan, el gobernador republicano saliente de Illinois, impuso una moratoria indefinida en el año 2000, ejemplo que sólo ha secundado Maryland, donde el pasado mes de mayo se adoptó la congelación durante un año. El gobernador entrante en Maryland, un republicano, ha anunciado su intención de suspender la moratoria. El entrante en Illinois, un demócrata partidario de la pena de muerte, se propone mantener la moratoria hasta que se introduzcan reformas que garanticen el funcionamiento justo del régimen penal. En caso de que las modificaciones necesarias sean impracticables o no garanticen plenamente el resultado apetecido, mantendrá la moratoria.

Son los primeros en pronunciarse sobre un debate que va a extenderse este año a todo el país, con propuestas de modificación del actual régimen penal en no menos de diez de ellos. Amnistía Internacional, que ayer aplaudía a Ryan, ponía a Illinois como modelo a seguir.

El debate de Illinois arroja luz sobre los numerosos fallos de un sistema (desde torturas policiales para extraer confesiones a abogados negligentes, pasando por fiscales que ocultan pruebas críticas) detectados también en otras partes del país. En Illinois son ya 17 los condenados a la inyección letal que han sido exonerados, lo que a escala nacional eleva a 106 el número de inocentes que "casi fueron ejecutados", en palabras del gobernador Ryan. Según datos del Departamento de Justicia, en 2001 había unos 3.600 reclusos en Estados Unidos en espera de ejecución, primer año que refleja una caída de internos con respecto al anterior desde la reinstauración de la máxima pena en 1976. De los casi 7.000 condenados a morir desde entonces, han sido ejecutados 870.

El año pasado, cuando el Tribunal Supremo prohibió la pena capital para retrasados mentales, fueron ejecutadas 71 personas en Estados Unidos, cinco más que en 2001. En 1998 fueron ejecutados 98 reclusos. La aplicación de la máxima pena se concentra en un puñado de Estados: Tejas, California, Florida, Oklahoma y Misuri.

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