Desinvestigación

EL PARTIDO Popular considera una deslealtad que la oposición apoye la creación de una comisión de investigación sobre el Prestige en el Parlamento Europeo; también se opone a que se constituya una comisión en el Congreso de los Diputados, alegando, entre otros motivos, que ya se aprobó, el 3 de diciembre, crear una en el Parlamento de Galicia, pero cuando se constituye esta comisión veta la presencia en ella de personas que podrían facilitar la información que el Gobierno ocultó o proporcionó con cuentagotas.

El mayor problema de contaminación marítima de la historia europea, con repercusiones en al menos dos países, merecería una investigación del Parlamento de Estrasburgo. Fue el Gobierno español quien más insistió durante los primeros días en el carácter internacional del problema del transporte de mercancías peligrosas. El argumento de que la investigación en ese ámbito podría perjudicar las aspiraciones de España de beneficiarse de los fondos europeos previstos para combatir la contaminación resulta ligeramente chantajista, pero, además, carece de fundamento, según ha aclarado el presidente de la Cámara europea.

Aparte de que los efectos no se reducen ya sólo a Galicia, el hecho de que la competencia sobre salvamento marítimo corresponda al Estado justificaría la creación de una comisión en el Congreso. El PP se niega, y también a que comparezca ante la creada por unanimidad en el Parlamento de Galicia el delegado del Gobierno en esa comunidad. El argumento es que un Parlamento regional no tiene competencia para obligar a comparecer a un cargo de la Administración central del Estado. El argumento podría sostenerse si fuera acompañado del compromiso del PP de aceptar una comisión en el Congreso, pero resulta en sí mismo discutible. Lo que se deduce de él sería, en todo caso, que el Parlamento de Galicia no puede exigir responsabilidades políticas al delegado del Gobierno. Pero eso no significa que no pueda comparecer para facilitar información que conozca sobre el asunto investigado.

El delegado fue el principal (y casi único) portavoz oficial en los días decisivos del naufragio. Las comisiones de investigación no sólo se justifican como procedimiento de dilucidar responsabilidades políticas. Hay comisiones que investigan sobre hechos relevantes de trascendencia pública, como el caso Banesto, que no tienen necesariamente un carácter político. También es discutible el salto desde la falta de competencia del Parlamento gallego para obligar a comparecer al delegado a la supuesta competencia del Gobierno para prohibirla.

Hay dudas sobre si es de aplicación el artículo del Código Penal que obliga a comparecer a toda persona "requerida de forma legal" ante una comisión de investigación del Congreso o cualquier asamblea autonómica, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Pero no hay ninguna de que sería más coherente con un deseo de transparencia aceptar la comparecencia que prohibirla desde un ministerio. El compareciente podría, en su caso, no responder a cuestiones que implicasen eventuales responsabilidades políticas.

El vicepresidente Rajoy invocó ayer la negativa, en 1992, del ministro socialista Julián García Valverde a comparecer ante la comisión creada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid sobre la compraventa de unos terrenos por Renfe, compañía de la que había sido director. Esa negativa fue criticable, pero la comparación es forzada, porque lo que alegó Valverde fue que ya había declarado sobre las mismas cuestiones ante la comisión de investigación constituida en el Congreso. El delegado del Gobierno en Galicia no tendrá ocasión de invocar una razón similar, a no ser que Aznar decida cumplir su compromiso electoral de "facilitar la constitución de comisiones de investigación". Se entiende que sin prohibir luego a los suyos comparecer ante ellas.