El PSOE atribuye un delito a los altos cargos que no asistan a la comisión del 'caso Prestige'

El rechazo del Gobierno a la comparecencia de varios altos cargos estatales y a entregar la documentación del caso Prestige acabará en los tribunales. El artículo 502 del Código Penal establece que "las autoridades o funcionarios públicos" que no comparezcan en una comisión de investigación a la que hayan sido citados "legalmente" incurrirán en "delito de desobediencia" y serán suspendidos de su cargo entre seis meses y dos años. El PSOE se acogió a esta norma para pedir ayer al fiscal que estudie si el delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, que no acudió a la comisión, ha cometido un delito.

La primera sesión de la comisión de investigación sobre la catástrofe del Prestige, que ensució 900 kilómetros de litoral gallego y obligó a prohibir la pesca y el marisqueo en sus costas, tuvo que suspenderse 15 minutos en medio de una gran bronca entre los portavoces de la oposición y el presidente, del PP.

Los 12 miembros de la comisión de investigación llegaron ayer al Parlamento gallego sin saber a quién iban a poder dirigir sus preguntas. La víspera, la presidencia de la Cámara había confirmado que el delegado del Gobierno en Galicia, cuya comparecencia había sido solicitada unánimemente por PP, PSOE y BNG, no acudiría porque así lo había decidido el Ejecutivo central. Éste, basándose en el argumento constitucional de que los cargos de la Administración central sólo tienen obligación de "someterse al control" del Congreso y no al de una Cámara autonómica, había vetado la presencia tanto de Fernández de Mesa como de cualquier persona "dependiente de la Administración central o vinculada a ella".

Por eso, los grupos de oposición pidieron que la comisión ocupara sus primeros minutos en debatir si esta "alteración del plan de trabajo aprobado por unanimidad" hace una semana era aceptable, y si el Parlamento gallego debía pedir explicaciones al Gobierno central.

Los portavoces del PSOE, Dolores Villarino, y del BNG, Alfredo Suárez, plantearon sus propuestas y reclamaron que la comisión las sometiese a votación inmediatamente. Suárez recordó, además, que hace dos años el Ejecutivo sí entregó documentación propia -que ahora rechaza facilitar- al Parlamento gallego con motivo de otra comisión de investigación sobre un asunto estrictamente regional, relacionado con la propiedad de unos terrenos.

Y ahí empezó la bronca. El presidente de la mesa, José Manuel Barreiro, del PP, que hasta ese momento había seguido los discursos con indiferencia, reaccionó velozmente y se negó a autorizar la votación, alegando que los escritos debían pasar antes por la presidencia del Parlamento.

Villarino y Suárez pusieron el grito en el cielo, recriminaron al presidente su "autoritarismo" y le pidieron a voces que les dejara "hablar". Barreiro, visiblemente nervioso, les negó el uso de la palabra en varias ocasiones, les interrumpió otras tantas y finalmente suspendió la sesión, se dio media vuelta y salió de la sala, dejando a la oposición con la palabra "escándalo" en la boca.

Acciones penales

Antes, en medio de la trifulca, la socialista Villarino había logrado explicar atropelladamente su propuesta: que la comisión inste a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a que inicie "las acciones penales procedentes por la presunta comisión de un delito" por parte del delegado del Gobierno. Su argumento, el artículo 502 del Código Penal, que dice: "Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

El Gobierno sostiene que según la Constitución no es "legal" la citación de personas dependientes de la Administración central en una Cámara autonómica. El PSOE replica que hay "doctrina constitucional" que establece que las comisiones autonómicas pueden llamar a comparecer a "cualquier alto cargo no dependiente de la Administración autonómica".

El fragor de la discusión desvió la atención de la única comparecencia que se produjo: la de los comandantes de los dos helicópteros contratados por la Xunta para rescatar a la tripulación del Prestige, que no aportaron datos nuevos.

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó ayer de nuevo la creación de una comisión de investigación en el Congreso, pese a la doctrina que el presidente José María Aznar defendió cuando hacía la oposición al PSOE: "Siendo yo presidente de Castilla y León impulsé la reforma del Reglamento en la que se pueden crear comisiones de investigación sin necesidad de que la mayoría lo apruebe. Y así ha funcionado y se han creado comisiones de investigación por la minoría, sin necesidad de que la mayoría lo apruebe, y haré lo mismo, y espero contar con los apoyos necesarios, en el Congreso de los Diputados", declaró en 1993.