El Gobierno niega al Parlamento de Galicia toda la documentación del 'caso Prestige'

La comisión de investigación sobre el desastre del Prestige que hoy comienza en el Parlamento gallego fue vaciada de contenido ayer por el Gobierno central. El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, envió un escrito a la Cámara autonómica confirmando que ningún "funcionario o autoridad estatal" comparecerá en la comisión, y anunciando, además, que tampoco se entregará la documentación solicitada. BNG y PSOE creen que el Ejecutivo "desprecia al pueblo gallego" y "se burla de su Parlamento". El presidente gallego, Manuel Fraga, admitió que la decisión desacredita al PP de Galicia.

Hace una semana el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, envió un escrito a la Cámara gallega en el que notificaba que Fernández de Mesa no comparecería. Esa nota fue registrada en el Parlamento y entregada a los grupos ayer, 24 horas antes del inicio de las sesiones de la comisión. En ella, Elorriaga anuncia que no sólo Fernández de Mesa sino ningún "funcionario o autoridad dependiente de la Administración General del Estado o personas vinculadas al ejercicio de competencias estatales" acudirá a dar explicaciones a Galicia, y añade que el Ejecutivo tampoco entregará la documentación sobre las decisiones tomadas en relación al Prestige porque "versa sobre materias que son competencia exclusiva" del Gobierno central.

El Ejecutivo argumenta que, según la Constitución, la Administración central sólo está obligada a rendir cuentas ante el Congreso, y que, por lo mismo, una comisión de investigación autonómica sólo puede analizar asuntos de su competencia.

Entre las "competencias exclusivas" de la Administración central, el informe incluye "los servicios de búsqueda, rescate, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación". Es decir, prácticamente toda la gestión de la crisis, de principio a fin, que es precisamente lo que trata de investigar la comisión. Ese criterio impedirá, además, celebrar otras comparecencias previstas, como las de los responsables de los remolcadores que trasladaron el buque, la de Salvamento Marítimo y la de los capitanes marítimos de A Coruña y Vigo, porque todos son puestos dependientes de la Administración central o vinculados a ella. Quedará, eso sí, la posibilidad de preguntar su opinión sobre la catástrofe a los mariscadores y mejilloneros, a siete consejeros de la Xunta y al capitán del barco.

"El Gobierno demuestra una vez más su desprecio al pueblo gallego", afirmó Salomé Álvarez, del BNG. La diputada socialista Dolores Villarino recordó que "las decisiones que ha tomado el Gobierno en esta crisis han repercutido de forma trascendental en la vida de los gallegos, y por ello debe responder ante la Cámara autonómica". El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, admitió que la decisión del Gobierno central desacredita la votación unánime del Parlamento gallego, y por tanto al PP de Galicia, aunque asumió que la Cámara no puede pedir explicaciones a la Administración estatal.

Existe un precedente de esta situación. En 1992, gobernando el PSOE en el Gobierno y en la Comunidad de Madrid, el Parlamento madrileño abrió una comisión de investigación para estudiar la presunta especulación en unos terrenos sobre los que iba a construirse un nuevo tramo ferroviario. El escándalo acabaría costando el cargo al entonces ministro de Sanidad y ex presidente de RENFE, Julián García Valverde. También el Gobierno socialista impidió entonces que la comisión interrogara a miembros del Ejecutivo y negó la documentación requerida.