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LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

El fiscal se opone a la excarcelación de dos nuevos etarras acordada por la juez Alonso

La titular de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao recalca que está "obligada" por la propia ley

La juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, ha concedido el tercer grado y la libertad condicional a otros dos presos de ETA: Luis María Azkargorta, condenado a 45 años de los que ha pasado 14 en prisión, y María Ángeles Pérez del Río, con una condena de 27 años de los que ha cumplido 10. Ambos contaban con los informes favorables pertinentes, aunque la Junta de Tratamiento de la cárcel de Martutene, donde cumplían condena, rechazó en su día la progresión de grado de ella. La juez adoptó su decisión el 23 de diciembre. Tres días después era recurrida en reforma por la fiscalía ante la propia juez, petición que Alonso rechazó. El Ministerio Público ha presentado ya un recurso de apelación.

La fiscalía se ha opuesto a 17 de las 18 excarcelaciones de etarras adoptadas por la juez Alonso en los dos últimos años y ha recurrido a la Audiencia la mayoría de ellas, recursos en buena parte pendientes de resolución.

Alonso, cuya decisión fue adelantada ayer por la Cadena SER, señaló que espera que esta medida no levante una polémica como la que le enfrentó al Gobierno central por la concesión en octubre del tercer grado y la libertad condicional al etarra Félix Ramón Gil Ostoaga, condenado a 298 años por seis asesinatos de los que cumplió 13. El CGPJ abrió una investigación sobre la actuación de la juez que fue archivada al no apreciarse ninguna irregularidad en su actuación. El caso Gil Ostoaga aceleró la decisión del Ejecutivo de crear juzgados centrales de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional.

Cuando la juez tuvo todos los informes favorables en esta causa, ante toda la polémica creada, solicitó su abstención al Tribunal Superior vasco, que decidió en diciembre por unanimidad avalarla considerando que no había motivos para que se abstuviese.

Pérez del Río pidió el tercer grado en junio de 2002, petición que fue entonces desestimada por la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra de Martutene, donde ambos cumplen condena. En julio solicitó directamente a la juez el progreso de grado y la libertad condicional. Azkargorta hizo lo mismo en septiembre. La juez ha tomado ahora su resolución con todos los informes favorables que legalmente precisa, incluyendo los de la propia Junta de Tratamiento y del psicólogo y educadores de la cárcel, documentos que recibió en noviembre. Sólo el fiscal informó en contra de la medida.

Ambos reclusos fueron condenados con el Código Penal de 1973, que incluia mayores beneficios penitenciarios. Los dos han cumplido ya las tres cuartas partes de su condena. En el caso de Azkargorta, los informes señalan que se ha comprobado su desvinculación de ETA; de Pérez del Río se señala su deseo de reinserción. Ambos, que salieron ayer mismo de la prisión donostiarra, cuentan con ofertas laborales.

Luis María Azkargorta fue condenado a 45 años, que cumplía desde 1987, entre otros delitos por colaborar en la colocación de una bomba en el coche del policía Félix Gallego, asesinado en septiembre de 1985. Pérez del Río fue condenada a 27 años junto a su marido por colaborar en el asesinato del guardia civil José San Martín Bretón en febrero de 1992. Ambos alojaron en su casa a los asesinos.

La juez, que ha excarcelado con estos dos casos a 89 etarras desde 1992 y ha rechazado decenas de peticiones similares de otros reclusos pertenecientes a la banda, tres de ellos recientemente, señaló ayer a Europa Press: "He seguido haciendo lo que he ido haciendo toda mi vida, aplicando el mismo criterio a todos los presos. Estoy obligada. Si antes lo he hecho, ahora no han cambiado las circunstancias para que no lo siga haciendo". La juez añadió que "está obligada" por la ley y que aplica el "mismo criterio" a todos los presos.

Alonso desestimó el recurso de reforma presentado por la fiscalía ante ella misma en los tres días siguientes a su decisión. El Ministerio Público ya ha presentado un recurso de apelación que deberá resolver la Audiencia Nacional como tribunal que sentenció a ambos etarras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de enero de 2003