Disputas por el ruido

La lucha contra el ruido en Andalucía ha enfrentado a la Administración con las asociaciones contra el ruido. A finales de este mes o principios de febrero, previsiblemente, la Consejería de Medio Ambiente tiene previsto que se apruebe el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. El proyecto de esta norma está circulando estos días por las asociaciones que lo calificaron como "un importante retroceso con respecto a la normativa actualmente vigente hasta el punto de hacer prácticamente inviable la lucha contra el ruido en Andalucía". Por el contrario, Juan Espada, director general de Prevención y Calidad Ambiental, opina que "es la norma más moderna de Europa". "Hemos sido los primeros en trasponer una directiva de la Unión Europea aprobada este mismo verano", afirma.

La ley establece un complejo entramado de niveles de ruidos máximos según zonas: escolares, hospitales, residenciales, comerciales, de ocio,...dependiendo, además, de si se trata de horario diurno o nocturno. La medición de los ruidos se puede hacer, genéricamente, con dos tipos de aparatos medidores, sonómetros de tipo 1 o de tipo 2. Los segundos son unos aparatos de uso fácil y tamaño pequeño que puede usar cualquiera y que cuesta alrededor de 300 euros. Los sonómetros de tipo 1 son mucho más sofisticados y deben ser usados sólo por personal cualificado. Su precio ronda los 3.000 euros. La nueva norma requiere que todas las mediciones se hagan con los sonómetros más caros y sofisticados.

El tipo de aparatos técnicos supone el primer punto de fricción. Para la Junta de Andalucía, según Juan Espada, es un intento de conseguir la "máxima seguridad jurídica en las actuaciones de medición de ruidos y, por otro lado, adoptar unos criterios técnicos homologados por la UE". Para Francisco Morales es "una complicación de los procesos de medición que obliga a utilizar aparatos más caros, por expertos cualificados, con un mayor coste para ayuntamientos y afectados, en la mayor parte de los casos prohibitivo, por lo que las mediciones no se realizarán y no habrá infracciones".

Mientras que Morales insiste en la necesidad de seguir usando los sonómetros de uso más fácil, "que miden perfectamente", la Junta insiste en que están hartos de perder casos en los juzgados porque no se admiten las pruebas basadas en esos aparatos y realizadas por la policía municipal. "No hemos ganado ni un solo caso con esas pruebas".

Otro de los aspectos más polémicos es precisamente la práctica exclusión de la policía municipal. El reglamento autoriza a realizar mediciones sólo a personal técnico certificado por la propia Junta, algo que, añadido a la complejidad de los aparatos ha llevado a los detractores de la ley a considerar que "el proyecto parece haber sido redactado por personas con intereses económicos en el campo de la medición del ruido" y que sólo beneficia a empresas con capacidad para hacer grandes inversiones.

Juan Espada admite que en proyectos anteriores sí se mencionaban a los policías locales, aunque los han sacado en la última versión porque era difícil encajarlos legalmente como personal técnicamente habilitado. Espada piensa que ahí aún cabe alguna rectificación.