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Columna
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Venezuela

Rosa Montero

Venezuela lleva mes y pico de angustiosa huelga y dolorosa lucha, pero, curiosamente, y aunque el seguimiento de la noticia ocupa un amplio espacio informativo, casi nadie parece reparar en el asunto. Los líderes de opinión no opinan, los articulistas no escribimos artículos, los intelectuales no parecen aplicar su intelecto a destripar el conflicto, apenas si circulan manifiestos (yo sólo he visto y firmado uno hace dos días). Es un silencio social bastante extraño; el tema nos incomoda porque no sabemos qué pensar.

Y es que en nuestras dudas sobre el conflicto de Venezuela se cuecen unas cuantas confusiones que los españoles arrastramos. Como, por ejemplo, la pervivencia del viejo y raído tópico de la revolución latinoamericana: según esa mirada esquemática y paternalista (porque preconiza para Latinoamérica lo que no queremos para nosotros), Chávez sería un nuevo Castro salvador de los pobres y sus opositores unos oligarcas. Pero la confusión más importante es la de los límites del juego democrático: si a Chávez le han elegido por mayoría, nos decimos, entonces no hay nada más que hablar.

Sin embargo, a mí me parece que una democracia no es sólo un sistema de votaciones, sino sobre todo un sistema de derechos. Esto es, una democracia no consiste únicamente en que gane el representante de la mayoría, sino que además los derechos de la minoría han de ser respetados. No hay que sacralizar las urnas sin más; Hitler subió al poder por medio de los votos, pero perdió toda la legitimidad democrática por sus crímenes. No estoy diciendo que Chávez haya llegado ni mucho menos a los excesos del nazismo; pero su desgobierno y su demagogia autoritaria están hundiendo el país; los medios de comunicación están amenazados y los círculos bolivarianos, próximos al régimen, aterrorizan a media población. La crisis venezolana no es un asunto de pobres contra ricos, sino de una incipiente clase media democrática contra el caudillismo. Los opositores han reunido dos millones de firmas, lo cual, según la constitución vigente, permite convocar un referéndum en febrero sobre la continuidad de Chávez. La consulta tiene que hacerse (y limpiamente) y Chávez debe aceptar el veredicto.

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