Gobierno y Junta rompen la negociación sobre la financiación y el empleo

Los Gobiernos andaluz y central rompieron ayer de manera estrepitosa e inesperada las negociaciones que desde principios de septiembre mantenían de manera intermitente para llegar a acuerdos sobre la liquidación de los fondos presupuestados para Andalucía en el quinquenio 1997-2001 y el traspaso de las políticas activas de empleo. Estrepitosa porque la comisión mixta de transferencias, convocada para las 17.30 de ayer, se suspendió dos horas después. E inesperada porque tanto el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, como la Junta daban por hecho el acuerdo.

Las negociaciones saltaron por los aires cuando ambas administraciones se disponían a escenificar el acuerdo en una comisión mixta, pedida por la Junta y convocada por ambas partes, justo en la víspera del plazo tope fijado por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y Arenas el 5 de septiembre. Los consejeros de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, de un lado; y los secretarios de Administración Territorial, Gabriel Elorriaga, y de Hacienda, Antonio Beteta, por otro, se reunieron en la sede del departamento de Arenas para poner negro sobre blanco lo que, supuestamente, iban a firmar después.

Todo se fue a pique cuando el Gobierno central, según consta en la propuesta de acuerdo remitida por la mañana a la Junta, atrasaba el pago de las liquidaciones pendientes de los años 1998 a 2001 en función de las sentencias "que vaya emitiendo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid" y eludía poner por escrito las cantidades anuales -acordadas como deuda por ambas partes en una reunión celebrada el 18 de diciembre- y recogidas en una carta enviada por Elorriaga al Ejecutivo autónomo el pasado 27.

En la misiva se admite que la deuda del Gobierno con Andalucía por la liquidación del 100% de los fondos presupuestados para la comunidad del anterior modelo de financiación asciende a 720 millones de euros. La Junta propuso saldar el pago en cuatro años, a lo que ayer se opuso el Gobierno porque afectaba a su objetivo de déficit cero, según los consejeros andaluces. Sobre el traspaso de las políticas de empleo, la oferta última del Gobierno consistía en ceder la transferencia efectiva el 1 de mayo y la cogestión el 1 de marzo, propuesta que rechazó la Junta.