Ni se ve ni se oye

El calendario previsto por el Gobierno para la implantación real en el mercado de la radio y la televisión digitales terrestres ha sido tan inverosímil como el de la telefonía de tercera generación o UMTS.

Cuando en abril de este año la ex ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés inauguró las emisiones de televisión digital terrestre, era consciente de que había pocos descodificadores y que eran caros, pero aseguró que a finales de 2002 todo sería más fácil. El año ha vencido, hay un nuevo ministro y los ciudadanos siguen ignorando que hay televisiones que, obligadas por la Administración, emiten programas que no se ven porque ni los televisores digitales ni los adaptadores para los televisores analógicos son accesibles.

La radio digital ofrece una historia parecida, sólo que empieza antes, en 2000: las emisoras de radio están obligadas a emitir una señal que nadie escucha por la carestía de los receptores. La propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) criticó la falta de previsión del Gobierno y, más concretamente, el ancho de banda atribuido a las operadoras de televisión digital terrestre, tan escaso que no permite aprovechar de verdad el potencial de la señal digital. Los fabricantes de receptores estiman que hasta julio de 2003 no podrán exponer su producto en las estanterías comerciales.

Tanta urgencia digitalizadora del Gobierno levanta sospechas. El modelo de política para las televisiones locales prevé que en 2004 se defina un mapa de las mismas, que, en cualquier caso, estarán obligadas a emitir sólo señal digital, un obstáculo gravísimo para su difusión y un problema de costes, no para los canales dedicados las 24 horas a las adivinanzas del tarot, sino para emisoras con auténticas apuestas informativas. Las televisiones locales fueron en su inicio una verdadera alternativa informativa, y algunas están ahora en la vanguardia en el uso cívico del lenguaje audiovisual.

Este panorama de una radio inaudible y una televisión invisible invitaría al chiste si no fuera porque el Gobierno ha obligado a ciertas empresas a realizar y sostener unas inversiones que no pueden rentabilizar. En sus irresponsables ganas de ser el primero, aunque sólo sea en el escaparate del derecho comparado, el Ejecutivo incluso quiere adelantar el apagón analógico, el momento en que las actuales televisiones deberán emitir forzosa y exclusivamente una señal digital.

Las leyes dicen una cosa y la realidad otra muy distinta, como también ha ocurrido con el UMTS. En este caso, las operadoras que quisieron obtener la licencia tuvieron que comprometerse a un calendario que el mercado ha rechazado, aquí y en el resto de Europa, porque los fabricantes de móviles no han puesto a la venta los receptores para UMTS y porque la crisis ha alargado los ciclos de teórica obsolescencia tecnológica. Al final, operadores y Gobierno han tenido que pactar nuevos plazos y condiciones para el despliegue. En el diseño de la sociedad de la información, el Gobierno ha preferido el apremio legislativo al fomento de su uso social y al consenso con la industria que debe liderarla. Ha preferido lucir un festival de leyes ausente de seguridad jurídica en lugar de dibujar un horizonte creíble que anime a los sectores implicados.