Vivienda pone en marcha con dos años de retraso las sociedades para alquilar pisos y comprar suelo

El Departamento de Vivienda ha puesto en marcha las sociedades para comprar suelo y gestionar el parque de pisos de protección oficial en alquiler (Orubide y Alokabide, respectivamente) con dos años de retraso desde su constitución. A lo largo de todo este tiempo ambas empresas han permanecido inactivas por diferentes circunstancias y no han podido cumplir con los objetivos que se habían fijado, a pesar de contar con un plan de trabajo aprobado por sus consejos de administración. El consejero de IU, Javier Madrazo ha rescindido el contrato a los directores nombrados durante la etapa de EA.

El nacimiento de las sociedades de suelo Orubide y de alquiler Alokabide ya tuvo que salvar una carrera de obstáculos para constituirse en abril de 2000, pero los problemas también han continuado después. Las dos sociedades están participadas al 50% por Visesa, empresa pública adscrita a Vivienda que se dedica a la construcción de pisos de protección oficial, y por las cuatro cajas de ahorro vascas, BBK, Vital, Kutxa y Laboral. Orubide y Alokabide tienen cada una un capital de 12 millones de euros. Al no contar el Gobierno con una participación superior al 50%, las sociedades técnicamente son de carácter privado. Esta circunstancia les permite evitar ciertos procesos burocráticos para agilizar la salida de suelo al mercado, frente a los movimientos de la Administración, que al someterse al derecho público son más lentos.

Éste era el objetivo que se había fijado el anterior consejero de Vivienda, Patxi Ormazabal (EA), cuando constituyó las sociedades. La rapidez de movimientos es muy importante en el campo de la vivienda, dado que los trámites burocráticos y la complejidad de la gestión urbanística dilatan a veces en varios años la recalificación de suelos para poder construir. Otra de las ventajas de que fueran sociedades privadas era que así no aumentaba el endeudamiento del Gobierno. De hecho, la propia selección de los directores (a la que concurrieron 160 personas) se hizo con una agencia externa para darle un toque más independiente. Los responsables fueron nombrados finalmente en la primavera de 2001 y en junio de ese año el consejo de administración de Orubide dio el visto bueno al plan de trabajo presentado.

Un mes después, Ormazabal dejaba el cargo de consejero, que tras las elecciones autonómicas pasó a manos de su compañero de partido Joseba Azkarraga. Sin embargo, en septiembre Azkarraga cambió de cartera con la entrada en el Gobierno de Ezker Batua-IU, cuyo coordinador general, Javier Madrazo, asumió la cartera de Vivienda.

Roces con las cajas

La entrada de IU no ha servido para acelerar la puesta en marcha de las sociedades, ya que discutió con las cajas sobre un cambio de modelo. Su pretensión era que Visesa (donde el Gobierno tiene la mayoría con un 66% del capital frente a las cajas) tuviera el control, algo que no era compartido por las entidades de ahorro. Al final, el modelo seguirá tal y como estaba fijado, aunque en el camino IU ha destituido a los dos directores que había nombrado EA a través de una selección externa. Hace dos semanas se celebró un acto de conciliación entre los despedidos y el departamento para acordar los términos de la salida. La consejería no quiso comentar ningún aspecto relacionado con Orubide y Alokabide, a pesar de que su viceconsejero Javier Deán, anunció hace un mes en el parlamento que las sociedades se ponían en marcha.

El Plan Director de Vivienda 2002-2005 elaborado por el departamento que dirige Madrazo establece entre sus objetivos la obtención de suelo para construir 20.600 viviendas protegidas. Para su cumplimiento, se considera imprescindible el "impulso" de la operadora de suelo Orubide. Esta sociedad debería generar suelo para 5.500 viviendas protegidas durante el periodo 2002-2006. El suelo obtenido será cedido mediante concurso público a los promotores privados o directamente a Visesa en derecho de superficie y, excepcionalmente, se entregará al Departamento de Vivienda. Según los redactores del Plan, Orubide se constituirá como "uno de los principales suministradores" de suelo, actuando como interlocutor con los ayuntamientos para conseguir los terrenos mediante convenios. Los responsables del departamento barajan incluso la posibilidad de que la operadora gestione la obtención de suelo para edificar vivienda libre.