El Gobierno navarro forzado a una nueva prórroga de los presupuestos

Como estaba previsto, el Parlamento de Navarra rechazó ayer el proyecto de Presupuestos para 2003 pactado por el Gobierno de Miguel Sanz con CDN, que ascendía a 2.683 millones de euros.

Como estaba previsto, el Parlamento de Navarra rechazó ayer el proyecto de Presupuestos para 2003 pactado por el Gobierno de Miguel Sanz con CDN, que ascendía a 2.683 millones de euros. En consecuencia, la Comunidad Foral conocerá por segundo año consecutivo la prórroga de unas cuentas, las de 2001, que fueron producto del último acuerdo presupuestario de la legislatura entre el Ejecutivo de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y los socialistas del PSN-PSOE.

El debate no estuvo exento de sorpresas y cierta tensión cuando, tres horas después de iniciado el pleno, se procedió a votar el dictamen del proyecto de ley. La ausencia momentánea en el hemiciclo de un parlamentario del Grupo Mixto, Igor Arroyo, permitió que UPN y CDN aprobaran el texto articulado del dictamen de la ley por 25 votos a favor y 24 en contra. Los partidos de la oposición exteriorizaron su malestar por la ausencia del diputado de la suspendida Batasuna y pidieron un receso para aclarar la situación. Tras consultar con los letrados, quedó claro que se había aprobado el marco normativo, pero que éste permanecía vacío de contenido, dado que, por decisión de la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara el artículo segundo del proyecto, el que establece la habilitación global del gasto, debía votarse a continuación y por separado. Esta vez la oposición al completo provocó el triple empate a 25 votos que hizo decaer el presupuesto.

A pesar de que el presidente Miguel Sanz, visiblemente airado, anunció que el Gobierno pedirá "aclaraciones jurídicas", su socio de CDN, Juan Cruz Alli, reconoció que si no se aprobaba el artículo segundo el proyecto quedaba rechazado en su integridad. Las continuas apelaciones de Sanz y UPN a la "irresponsabilidad" socialista por no apoyar las cuentas de 2003 no hicieron mella en el partido que lidera Juan José Lizarbe. El PSN-PSOE rompió el pasado año sus pactos con la derecha navarra y mantiene un nítido distanciamiento ideológico con el Ejecutivo foral ante las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.

UPN se empleó a fondo en sus críticas después de tres meses de negociación con los socialistas, en los que el Gobierno foral no ha aceptado dar el "giro social" exigido por el PSN a los presupuestos, plasmado en enmiendas por valor de 94 millones de euros. Tanto Sanz como Alberto Catalán, portavoz regionalista, aludieron repetidamente en el pleno a la "coalición del no", al afán "obstruccionista" del PSN, a la connivencia de voto con los "radicales" de Batasuna y de los intereses "electoralistas" de Lizarbe.

La respuesta que encontró el Gobierno navarro en todos los partidos de la oposición (EA-PNV, Izquierda Unida, Grupo Mixto y Batzarre) fue un contundente rechazo a unas cuentas calificadas de "derechistas", "antisociales", "privatizadoras" de empresas públicas y "obsesionadas" por un déficit cero que ya no defienden ni el PP ni la Unión Europea.

La Cámara ya logró retrasar hasta febrero de 2003 el debate de la reforma fiscal pactada por UPN y CDN, que costará 90 millones de euros a la Hacienda foral y que, según la oposición, beneficia especialmente a las rentas más altas.

Sanz no contestó a la petición formulada por Lizarbe para que remita al Parlamento un nuevo proyecto presupuestario "neutro" ideológicamente y ajustado a las demandas parlamentarias, que, de obtener el consenso necesario, se aprobaría en febrero.

Falta de voluntad

Desde el secretario general socialista hasta la portavoz de IUN-NEB, Isabel Arboniés, pasando por el portavoz del Grupo Mixto, Pernando Barrena, todos los portavoces coincidieron en achacar al Ejecutivo de Sanz la falta de una voluntad real de consenso y, en consecuencia, la responsabilidad de la prórroga. Barrena llegó a acusar a Sanz de aplicar la misma estrategia de no diálogo y negociación del "Gobierno tripartito de Vitoria".

Durante el debate, el secretario general de PSN calificó de "gran mentira" al argumento que ya ayer mismo comenzó a utilizar el Ejecutivo, atribuyendo específicamente a Lizarbe la responsabilidad de no poder aplicar las inversiones pactadas con CDN. Especialmente duras fueron las acusaciones a UPN por lo que la oposición considera un claro intento de ir reduciendo la presencia del sector público en todas las áreas, desde la educativa hasta la sanitaria, pasando por la enajenación de empresas públicas como Autopistas de Navarra o Trabajos Catastrales SA. Sanz negó las acusaciones y señaló que en la legislatura sólo se ha vendido el 9% que la sociedad pública Sodena poseía en Gamesa. Se adquirió por 14 millones de pesetas y se vendió por 11.000 millones. "Dígame usted si esa operación ha supuesto o no un claro beneficio para toda Navarra", espetó Sanz a Lizarbe.

Ya en clave preelectoral, los socialistas insistieron en la necesidad de un cambio político para Navarra porque está "agotado el ciclo de UPN". Sanz se limitó a responder que las matemáticas son una ciencia exacta y que el PSN tiene once parlamentarios frente a los 22 de UPN, que se mantiene como fuerza más votada en las encuestas preelectorales.