El 80% del personal de urgencias en Sanidad trabaja desde hace cuatro años con contratos 'basura'

Unos 2.000 profesionales de la sanidad pública tienen contratos basura. "Cobramos por hora, no tenemos derecho a caer enfermos, trabajamos los fines de semana y festivos y usamos nuestros vehículos para atender pacientes sin compensación alguna", describió ayer un portavoz del colectivo Me Bas, tras entrevistarse con los grupos parlamentarios del PSPV y EU. Según esta asociación, el 80% del personal del servicio público de urgencias está en esta situación.

Los portavoces del Colectivo Me Bas (agrupación de médicos especialistas, de atención primaria y enfermeros con contratos basura) están dispuestos a encerrarse a finales de enero si la Consejería de Sanidad, que dirige Serafín Castellano, no varía su política laboral. Ayer, dos de sus dirigentes buscaron el amparo de los grupos parlamentarios del PSPV y de EU, que presentaron una proposición no de ley a la Mesa de las Cortes Valencianas pidiendo que les equiparen sus condiciones laborales a las del personal en plantilla de la sanidad pública valenciana. Las diputadas María José Mendoza (PSPV) y Ángela Llinares (EU) solicitaron además la interpelación del consejero de Sanidad para que explique su política en materia de contratación.

Gustavo Ramírez, portavoz del colectivo, explicaba ayer que los primeros contratos precarios se realizaron hace cuatro años y afectan a médicos especialistas, generalistas y enfermeros encargados de la atención continuada a partir de las tres en el servicio de urgencias. Estos profesionales, unos 2.000, son contratados en su mayoría de la bolsa de trabajo y cobran por hora de trabajo la mitad de lo que perciben sus colegas de plantilla. Sólo cotizan a la Seguridad Social cuando trabajan, no reciben pagas extra ni complementos -"por cada tres años trabajados, cotizamos dos", agregó Ramírez -, y carecen también de bajas por enfermedad o permisos por causas familiares. Según este colectivo, la precariedad de estos profesionales les obliga además a emplear sus vehículos particulares para atender a pacientes, recorriendo, en ocasiones, distancias de 30 o 40 kilómetros sin compensación económica.

Según la diputada María José Mendoza, las condiciones laborales de este colectivo "violan los principios constitucionales". Mendoza reclamó la incorporación de todos ellos en un corto plazo de tiempo a la plantilla de Sanidad. Este departamento reguló en diciembre de 1997, con rango de ley, este tipo de contratos, denominados "nombramientos eventuales para la prestación de servicios de atención continuada".