Derechos elementales

El Ayuntamiento de Toledo, de mayoría absoluta del PP, perpetra estos días un acto salvaje de barbarie en el cementerio municipal. Armado de palas y excavadoras, y con la excusa de una ampliación de la zona de sepulturas en venta (patio 42), destruye los restos de 727 víctimas de fusilamientos y asesinatos realizados por las fuerzas de la Legión y mercenarios marroquíes entre los días 28 de septiembre y 13 de octubre de 1936, tras la "liberación de Toledo". Esta actuación de las excavadoras fue denunciada por varios ciudadanos a finales de octubre de este año, y tras la protesta de la oposición municipal se paralizaron las obras. Finalmente, un pleno celebrado el pasado 26 de noviembre, días después de la declaración del Congreso de los Diputados relativa al exilio y a las víctimas de la sublevación contra la República, "legalizó" no sólo una exhumación irregular, sino una burla más, realizada por los sucesores de aquellas derechas que en 1936 se alzaron en armas contra un régimen legítimo, con las consecuencias de todos conocidas.

El alcalde, José Manuel Molina, parece que camina hacia un centro distinto al de su partido, contraviniendo lo votado por todos los grupos parlamentarios el día 20 de noviembre.

La destrucción de unos restos, y su traslado al osario para su mezcla y amontonamiento con miles de otros restos anónimos, impedirá dar cumplimiento a las resoluciones de la ONU relativas a las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Es de señalar que, si bien el Ayuntamiento de Toledo no ha realizado actividad alguna tendente a identificar los citados restos y darles sepultura digna, existe suficiente conocimiento, tras las investigaciones históricas publicadas más la memoria colectiva de los toledanos, para avanzar bastante. Se trata en su mayoría de milicianos o militares de carrera leales a la República, procedentes de unidades de partidos políticos de Toledo (PCE, PSOE e Izquierda Republicana) y de UGT, así como fuerzas leales llegadas de Madrid, a reforzar el sitio del Alcázar de Toledo, como Águilas de la Libertad (anarquistas) y V Regimiento (comunistas). También se encuentran entre las víctimas población civil, como los heridos y enfermos del hospital y mujeres asesinadas en la maternidad por valerosos legionarios, así como toledanos anónimos que cometieron un delito: no secundar a los sublevados encerrados en la Academia de Infantería.

Pero ahora no se trata de debatir la historia, sino de respetar uno de los derechos más elementales de la persona: el de una sepultura digna. ¿Hay alguien que pueda hacer algo?