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Reportaje:

Turrón al raso

Vecinos del aeropuerto de Málaga exigen expropiaciones justas con una acampada

A los vecinos de cortijo Monte San Isidro -una zona de casas matas situada junto al aeropuerto de Málaga- este año el turrón les sabe amargo. Y además, se lo toman al raso. Desde el día de Navidad, 135 familias hacen turnos para mantener una acampada indefinida en defensa de sus viviendas. Reclaman que la expropiación de sus casas, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de septiembre, sólo siga adelante si realmente es de utilidad pública y que, en ese caso, las indemnizaciones sean acordes a los precios del mercado.

A un paso del aeropuerto, la ampliación de la terminal aérea les afecta de lleno. "No queremos que nos pase como a los vecinos de Barajas, porque si nos valoran las casas como a ellos, al precio que está la vivienda, no vamos a tener ni para comprar la caseta de un perro", se quejaba Pedro Muñoz. En la localidad madrileña, Fomento fijó el metro cuadrado construido en 400 euros, cuando en la zona cuesta unos 2.300.

La protesta es modesta, como ellos: tres tiendas, unas mesas improvisadas, muchas bolsas con provisiones y una pancarta.

Ana María Poveda nació en esta zona de Málaga y ahora, con 32 años y dos hijos, teme por su futuro. Cuenta que ha invertido más de 90.000 euros en construirse una vivienda y que, lo mismo que el resto de los vecinos, quiere una casa igual a la que tiene o el dinero para comprarse otra por el estilo. El presidente de la asociación vecinal, Antonio González, recuerda que más de la mitad de los afectados son pensionistas a los que no les concederán ningún préstamo. Ana María añade que ellos no tienen por qué hipotecarse, después de una vida de esfuerzos para construirse un techo, porque el Estado valore a la baja sus propiedades.

En realidad, aún no saben qué expropiaciones fijará Fomento. En septiembre, los vecinos se reunieron con representantes de Aeropuertos Nacionales (AENA). "De palabra nos dijeron que íbamos a salir bien parados. Pero nos puede pasar lo mismo que a los de Barajas. Por eso queremos llegar a un precio con el que estemos de acuerdo", explica González. Con el precio de la vivienda por las nubes, los vecinos temen que las expropiaciones le provoquen un quebranto irreversible.

Pero además, los afectados desconfían del uso que AENA dará a ese suelo, algo que tampoco saben. Los vecinos aceptan de mala gana tener que irse siempre que sea por razones de interés general, pero no quieren ser pasto de "la especulación pura y dura". Y es que ellos temen que al final los terrenos no sirvan para mejorar el tráfico aeroportuario, sino para que AENA amplíe los aparcamientos de vehículos de alquiler y aeronaves. Ayer EL PAIS trató, sin éxito, de conocer el destino que el aeropuerto dará al suelo.

Los afectados advierten que mantendrán la protesta hasta que consigan un acuerdo satisfactorio y que si hace falta tomarán medidas más contundentes. Entre ellas, la de pasear su reivindicación ante los miles de viajeros que cada día pasan por el aeropuerto.

El mal precedente de Barajas

La acampada de Málaga es un parche antes de que salga el grano. Los vecinos del cortijo Monte San Isidro aún desconocen el precio fijado para las expropiaciones de sus viviendas anunciadas en septiembre. Pero ellos esgrimen el mal precedente de Barajas, donde el metro cuadrado sin construir fue fijado en 18 euros y el edificado en 420.

Según los vecinos de la localidad madrileña, esas cifras son "tres veces más bajas" que las establecidas por sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma para expropiaciones anteriores en el distrito de Barajas. Así, frente a los 420 euros por metro construido fijado por el Estado, el coste oscila entre los 2.300 y los 2.700.

Igual que los habitantes de cortijo Monte San Isidro, los de Barajas, también acusaban a AENA de "especular" con sus solares. El desalojo de las 100 familias afectadas en el distrito madrileño estaba previsto para el 10 de diciembre, pero finalmente el Ministerio de Fomento aplazó la operación.

Ese antecedente ha caldeado a los vecinos, pero además llueve sobre mojado. A una decena de habitantes de la zona, el Estado ya le expropió hace cinco años fincas colindantes con el río Guadalhorce para que la Confederación Hidrográfica del Sur acometiera el proyecto de encauzamiento de la desembocadura. María Pérez se queja de que su marido aún no ha cobrado toda la indemnización dispuesta allá por 1998. "Entonces fue la finca y ahora la casa", se lamenta.

Los niños juegan alrededor de la acampada, ajenos a la incertidumbre que quita el sueño a sus padres. Una vecina se arrima y plantea que si tienen que irse de sus viviendas porque es un bien para Málaga y para el turismo, lo harán. "Pero no veo lógico que nos dejen en la calle si es para que el aeropuerto explote nuestros terrenos con aparcamientos", acota.

Acaban de empezar la protesta y ya preparan el próximo paso: octavillas en varios idiomas para repartir en el aeropuerto "así todo el mundo conocerá nuestra situación".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de diciembre de 2002

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