Los peritos cifran en 21 millones la deuda tributaria de Ibusa

El informe pericial entregado a la juez que investiga la supuesta trama de corrupción en la cúpula de la Inspección de Hacienda en Cataluña descubre una deuda tributaria en la inmobiliaria Inversiones Barcelonesas Urbanas SA (Ibusa) entre 1986 y 1992 de 3.500 millones de pesetas (21,04 millones de euros) por el impuesto de sociedades. La empresa sólo pagó en ese tiempo y por ese concepto siete millones de pesetas (42.000 euros).

Ibusa es propiedad de Bueno, ex candidato a la Generalitat por Alianza Popular en 1984

El informe fue remitido a la juez Elisabet Castelló, titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, el pasado día 20 y ha sido redactado por los peritos Pedro Castro Merlos y Diego Artacho Martín-Lagos. En las 258 páginas que ocupa el documento los peritos revelan "irregularidades" en las inspecciones realizadas al grupo inmobiliario Ibusa por los inspectores Manuel Abella y Roger Bergua. Ambos están imputados por los supuestos delitos de cohecho prevaricación y falsedad en una causa que se investiga desde hace tres años.

Los peritos son muy contundentes cuando afirman que Bergua y Abella tardaron uno y dos meses, respectivamente, en realizar sus inspecciones. "En tan breve espacio temporal, y dada la complejidad de los expedientes, no han podido realizarse las actuaciones de comprobación e investigación necesarias para una correcta verificación de la situación fiscal de las empresas investigadas", aseguran. Más adelante añaden: "No es que no se hayan descubierto en las inspecciones hecho imponibles no declarados, sino que no hay documentación que tales actuaciones se han llevado a cabo".

Ibusa es uno de los grupos inmobiliarios más importantes de Barcelona y tiene más de una treintena de sociedades filiales. Su propietario es Eduard Bueno, que fue candidato a la presidencia de la Generalitat en 1984 por Alianza Popular. La principal empresa del grupo es Inversiones Barcelonesas Urbanas SA (Ibusa). Esta sociedad fue inspeccionada por Manuel Abella y la teoría que sostiene la fiscalía es que Eduard Bueno pagó a Abella para que las inspecciones resultasen favorables a la empresa. Bueno está imputado en el caso desde mayo de 2001 por un presunto delito de cohecho.

Las inspecciones realizadas por Abella entre 1986 y 1992 concluyeron con el pago de 7.054.960 pesetas (42.401 euros) en concepto de impuesto de sociedades. Ahora, los peritos han revisado los documentos y concluyen que aquellas inspecciones deberían haber concluido con el pago de 3.501 millones de pesetas (21,04 millones de euros). Los peritos aseguran que esta cuantificación la realizan a partir de los documentos que pudo manejar Abella y que la cuestión es que no lo hizo.

"Áreas de riesgo"

El informe relata que las irregularidades fiscales detectadas se concretaron, entre otros factores, en la concesión de préstamos entre sociedades vinculadas del mismo grupo inmobiliario, en la anotación de activos ficticios, en la no tributación de las comisiones procedentes de la compraventa de inmuebles propiedad de terceros y en la falta de análisis de las llamadas áreas de riesgo.

En cuanto a las inspecciones realizadas por Abella a la sociedad Promociones Bilmo SA, otra de las empresas del grupo, los peritos judiciales aprecian una deuda tributaria de 172 millones de pesetas (más de un millones de pesetas) entre los años 1988 y 1992, también en concepto de impuesto de sociedades. En ese periodo y por ese concepto, la empresa pagó a Hacienda poco más de 16,2 millones de pesetas (97.400 euros). Finalmente, en relación a las inspecciones realizas por Roger Bergua a Ibusa y Promociones Bilmo entre 1984 y 1988, los peritos consideran que les debería haber aplicado una sanción mínima de 126,4 millones de pesetas (760.000 euros), cuando en realidad fue de 13,1 millones de pesetas (78.940 euros).

Manuel Troyano, abogado defensor de Bueno, aseguró este martes al conocer el contenido del informe que "las cuentas están mal hechas y contiene una sarta de inexactitudes". En su opinión, los peritos llegan a esa conclusión a partir del análisis de documentos obtenidos tras un registro judicial y que Abella desconocía. El letrado considera que, aunque fuesen ciertas las cifras del informe, se trata de periodos de tiempo que están prescritos fiscalmente. Con todo, reconoció que penalmente los hechos están vigentes, pero añadió que ese informe no afecta para nada a la situación de su cliente. "Seguimos sin saber nada del cohecho que le imputan a Bueno y eso es lo que se debería investigar", añadió.