Sanidad tiene facturas pendientes de pagar por más de 643 millones, según la Sindicatura

La Consejería de Sanidad arrastra una pelota financiera de proporciones millonarias. La última auditoría de la Sindicatura de Comptes, entregada el pasado lunes en las Cortes Valencianas, revela que el departamento que dirige Serafín Castellano tenía pendientes de pago en febrero de este año "al menos" 643 millones de euros de gastos realizados entre 1999 y 2001. De estos gastos pendientes de contabilizar, un total de 461,8 millones corresponden a gastos corrientes, mientras que 181 son de transferencias corrientes. En cambio, en el presupuesto de 2001 se cargaron gastos de años anteriores.

El informe de la Sindicatura de Comptes explica que en el presupuesto de la Consejería de Sanidad de 2001 se cargaron gastos de funcionamiento realizados en 1998, 1999 y 2000 por importe de 53,2 millones de euros; así como 153 millones de transferencias corrientes. Este enjuague es muy inferior al que queda pendiente en la Consejería de Sanidad y que, tras la verificación de la Sindicatura, se contabilizan, al menos, 643 millones de obligaciones anteriores a 2002 no reconocidas. Entre las cantidades adeudadas pendientes de reconocer se contabilizan dos meses de gasto farmacéutico (155 millones) de 2001; 15,7 millones de plan de choque de listas de espera y 37,4 millones por prestaciones externas concertadas.

La fiscalización realizada por la Sindicatura de Comptes explica que los conciertos con centros hospitalarios sumaron en 2001 un total de 134,6 millones de euros de gasto real, lo que supuso un incremento del 17% respecto al ejercicio de 2000. El informe alerta también de que en algunas prestaciones, como en la del concierto de resonancias magnéticas, "no queda suficientemente acreditada la prestación del servicio concertado", y recalca que muchas de las prestaciones se realizaron en las dependencias de la empresa adjudicataria, en vez de en los hospitales públicos donde estaba previsto realizar el servicio.

La Sindicatura llama la atención también sobre el hecho de que desde 1996 -cuando se inició el plan de choque del Gobierno valenciano para reducir las listas de espera- no se ha realizado ninguna otra invitación a centros privados para participar.

Por lo que respecta al capítulo de inversiones reales, el documento elaborado por los auditores afirma que las obligaciones reconocidas (63 millones de euros) suponen un grado de ejecución del 97,7%, pero que los pagos realizados sólo alcanzan el 17,3%.

Para los auditores, es necesario dotar a los centros hospitalarios de "presupuestos que se ajusten a la realidad prevista, de forma que los responsables de los mismos dispongan de una herramienta fundamental para la gestión económica, cuya utilidad actualmente está desvirtuada por los desfases existentes que dificultan la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y legalidad". Entre otras medidas, la Sindicatura propone dotar de un interventor a los centros hospitalarios más importantes que disponga de los mecanismos de control adecuados, junto a una dotación económica suficiente. El informe también alerta sobre las compras directas en los hospitales de idéntico producto a distinto precio.