El Consejo del Poder Judicial ordena una investigación sobre la juez del 'caso CPV'

La juez que instruye el caso CPV, Coro Monreal, puso en libertad el pasado viernes a los cuatro directivos imputados por un supuesto delito de estafa a pesar de las objeciones del fiscal. Éste formuló seis argumentos para oponerse a la petición de libertad de los encarcelados hecha por su abogado. Entre ellos, el fiscal sostenía que no han variado las circunstancias que determinaron su ingreso en prisión a principios del pasado noviembre y que los directivos podrían manipular las pruebas. En el auto de excarcelación, la magistrada Monreal "discrepa" de todas las objeciones del fiscal y ordena la puesta en libertad de los encausados, si bien éstos deben presentarse en el juzgado semanalmente.

En el escrito presentado el pasado 23 de noviembre por el ministerio fiscal, éste arguye además que los imputados podrían fugarse, y que los delitos en los que están implicados (estafa y apropiación indebida) están castigados con una pena de prisión de cuatro a ocho años, además de multa. Por otro lado, el fiscal afirma que el procedimiento judicial está en "fase embrionaria", es decir, que aún hay que practicar más pruebas.

La juez de instrucción número 34 de Madrid, Coro Monreal, dictó un auto el pasado viernes, día 20, en el que decretaba la puesta en libertad provisional de Francisco García Moreno, director de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), y los administradores Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez -hijos del anterior-, y Miguel Ángel Morillo del Pozo.

1.200 familias adelantaron a la promotora 30 millones de euros para que ésta les construyera una vivienda en uno de los tres nuevos barrios del norte de Madrid (Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo). Cuatro años después, la inmobiliaria no les ha devuelto su dinero y las casas están sin construir. Los cuatro implicados en esta supuesta estafa están ahora obligados a comparecer ante el juzgado semanalmente "y cuantas veces sean llamados".

Ese auto recoge los argumentos de la magistrada Monreal para liberar a los encarcelados. "El riesgo de destrucción de pruebas no existe al día de la fecha [20 de diciembre]", ya que las oficinas de CPV están precintadas, y los juzgados se han incautado de la documentación que había en su interior. La jueza, además, utiliza en varias ocasiones el argumento del nombramiento de un administrador judicial: "estando incautada la documentación de la mercantil CPV y nombrado un administrador, se desvanece por completo el riesgo de alteración de pruebas con la puesta en libertad de aquéllos".

"Arraigo suficiente"

En cuanto al posible riesgo de fuga, Monreal asegura que "todos los privados de libertad en esta causa tienen arraigo suficiente, viven en Madrid con sus familias, incluso la esposa de Francisco Javier García Sánchez se encuentra en avanzado estado de gestación, además de que ninguno de ellos tiene antecedentes penales". Así, añade la juez, el riesgo de fuga "se diluye". "A mayor abundamiento", continúa, "debe tenerse en cuenta que los imputados han comparecido siempre que han sido llamados ante la justicia".

La magistrada analiza un posible "riesgo de reiteración delictiva" por parte de los encausados, pero afirma que éste es "inexistente": "No constándoles antecedentes penales y habiendo sido privados de sus facultades de administración [en la inmobilia-ria], resulta del todo imposible que continúen suscribiendo contratos como los que en su día firmasen con los perjudicados de la presunta estafa que se les imputa". Otro de los argumentos de Monreal para dictar la libertad de los cuatro directivos es que están "amparados por la presunción de inocencia".

Un grupo de afectados por el caso CPV se manifestó ayer frente a los juzgados de plaza de Castilla. Las familias se mostraron indignadas por la decisión de la magistrada de poner en libertad a los imputados. "Queremos que la jueza vea que no somos un número, sino personas que necesitamos un lugar para vivir, para dormir", afirmó Manuel, uno de los perjudicados. "Algunos no tenemos dónde celebrar la Navidad, mientras que los imputados lo harán en su casa, tan tranquilos", agregó.

Los afectados profirieron gritos contra Monreal e insinuaron una posible corrupción: "Es muy raro que los ponga en libertad de noche, sin que lo sepan nuestros abogados. Y eso después de lo que pasó hace dos años". Este afectado se refería a una causa abierta en 2000 contra CPV. La Dirección General de Consumo del Gobierno regional, que ya había multado a la inmobiliaria en 1999 con más de 13.000 euros tras una reclamación, informó a los tribunales de las supuestas irregularidades de la promotora. El Ejecutivo autonómico puso el caso en conocimiento de la juez Monreal, que ordenó al Gobierno la suspensión del procedimiento administrativo al estar abierta la vía judicial. Poco después, la magistrada archivó el caso.