Déficit 0, Prestige 1

La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país hemos visto cómo la tragedia del Prestige ponía en evidencia las carencias del Estado. Asistimos perplejos e indignados a esta espectacular muestra de incapacidad e irresponsabilidad política de parte del Gobierno, que no ha afrontado la situación hasta que no ha tenido más remedio. Sin ofrecer soluciones, sin la humildad del que reconoce el error y sin la generosidad política y económica de los que son conscientes de la gravedad de la cuestión. Así se ha comportado nuestro Gobierno y así se comporta nuestro presidente, más preocupados por homenajear de manera grandilocuente y patriotera la bandera española que por atender las necesidades de los propios españoles.

Asistimos indignados a esta espectacular muestra de incapacidad política

No obstante, estas circunstancias que aunque deplorables no dejan de ser coyunturales están ocultando en el fragor de la batalla política y la dureza de las imágenes de la tragedia algo mucho más preocupante. Asistimos al debilitamiento del Estado y de su capacidad para protegernos. Durante demasiados años ya, hemos escuchado los insistentes argumentos de los que propugnaban la minimización de lo público en favor de lo privado. Casi hemos convertido en políticamente correcto el lenguaje que avala en binomio gestión privada-buena gestión y por el contrario vincula la gestión pública al despilfarro y la ineficacia. Los buenos resultados económicos de los últimos años -sobre todo para los más poderosos- han permitido que en la conciencia colectiva se instale la idea de que no es necesario fortalecer la Administración pública con más recursos.

Es decir, hay que reducir los gastos, reduciendo también los impuestos y por lo tanto la capacidad del Estado para afrontar situaciones como la que ha originado el hundimiento del Prestige en las costas gallegas. De nada sirve exigir respuestas a quien se le ha limitado la capacidad de darlas. No obstante, el Gobierno sigue sin darse por aludido. Ni siquiera la propuesta de los sindicatos y las organizaciones empresariales para afrontar la situación ha sido bien recibida. Se proponía incrementar de manera extraordinaria y transitoria la cotización social para los fondos destinados a la Formación Profesional y favorecer así programas dirigidos a mantener la actividad económica y proteger el empleo después del desastre del Prestige.

El acuerdo a favor de la actividad productiva y el empleo en las zonas afectadas por la marea negra en la costa gallega y cantábrica que impulsamos los agentes sociales, en un acto de generosidad y corresponsabilidad fiscal, ha caído en saco roto. El Gobierno prefiere mantener obsesivamente sus planteamientos en relación con el déficit cero que reconocer la excepcionalidad de la situación y rebajar solidariamente sus previsiones económicas. Ni ahora, cuando la sensación de quiebra de la capacidad de reacción política y económica del Estado es más evidente, Aznar es capaz de reconocer que esto es consecuencia de otra quiebra más sutil pero igual de relevante: la del concepto de solidaridad y corresponsabilidad que está en la base de la política fiscal.

El gesto de los sindicatos y la patronal habrá servido, aunque sea de manera indirecta, para poner en crisis las teorías que aseguran que la reducción de impuestos favorece necesariamente el desarrollo económico de un país. Los datos sobre las perspectivas de crecimiento de España lo ponen en cuestión a las puertas de una más que probable recesión económica. No hemos sido capaces de afrontar con dignidad la fractura ecológica, económica y social que se ha producido en las costas gallegas, y cantábricas, y tampoco tenemos la suficiente autoridad moral para reclamar la solidaridad de los países de la Unión Europea que teniendo una fiscalidad menos alegre que la nuestra soportan en gran medida los costes de cohesión y ampliación. En esa encrucijada nos ha colocado la política triunfalista del Gobierno de Aznar. Es necesario reconstruir con la máxima celeridad aquella idea, para algunos gastada, pero hoy más que nunca de plena actualidad, que afirma que son los débiles los que necesitan un Estado fuerte. Eso es lo que necesitamos. Menos dosis de autocomplacencia y soberbia y más recursos para asegurar que el Estado sigue asumiendo sus funciones como garante de la igualdad de oportunidades para el desarrollo personal y colectivo. La tragedia del Prestige traerá muchas consecuencias. Una de ellas, necesariamente tiene que ser la del fortalecimiento de la Administración pública y de sus mecanismos para ofrecernos cobertura.

Josep M. Àlvarez es secretario general de UGT de Cataluña.