El extraño recorrido de unos salarios católicos que no llegaron a su destino

¿Dónde está el dinero? Mejor dicho, ¿quién se quedó en 1998 con cuatro meses de salario, más la paga navideña, de miles de profesores de religión en la escuela pública española? El Ministerio de Educación asegura una y otra vez, ante el Congreso de los Diputados y ante el Senado, incluso a requerimiento del Defensor del Pueblo, que ya pagó a la Conferencia Episcopal "en el ejercicio económico de 1998" para que cada diócesis pagara a su vez a sus profesores de catolicismo. Pero estos docentes, por centenares y en al menos media docena de comunidades autónomas, afirman no haber percibido salario alguno por los cuatro primeros meses del curso 1998-1999. Y los jueces, por docenas, les están dando la razón sin contemplaciones.

Todas las sentencias a las que ha tenido acceso EL PAÍS deciden lo mismo: el Gobierno, que ratifica que ya pagó a los prelados, será el que deba abonar de nuevo esos salarios, esta vez a cada profesor demandante, muy pocos sobre el total de los afectados. El resto no se ha atrevido, pero sigue protestando: de haber apelado entonces a los juzgados, dice con miedo un profesor de Valladolid, "muy probablemente todos estaríamos ahora en paro". "Pero es evidente que alguien deberá repararnos, también a nosotros, la injusticia y el atropello que sufrimos ese final de año", añade una docente de esa misma diócesis.

La Conferencia Episcopal, por su parte, muy disgustada, afirma que cada obispo pagó en su momento lo debido. Y que todo es una campaña de "descrédito" contra la Iglesia para dañar "la enseñanza religiosa escolar".

Los documentos

Pero, a pesar de tanta firmeza retórica, profesores, sindicatos y portavoces parlamentarios del PSOE, IU y CiU siguen preguntándose dónde está el dinero. ¿Por qué sigue habiendo cientos, tal vez miles, de docentes sin cobrar una peseta por trabajar aquel comienzo de curso de 1998? ¿Quién no dice la verdad?

Los documentos hablan. Las Cortes -Congreso y Senado- tienen en su poder las respuestas e incluso alguna promesa de investigación. Y las sentencias judiciales y los sindicatos, que son los que atienden las quejas de los estafados, quitan la razón a los supuestos pagadores. Incluso el Gobierno, aunque con prudencia, dice sentirse sentenciado sin razón alguna a pagar dos veces por el mismo trabajo.

No se trata de calderilla, sino de algo más de 6.623 millones de pesetas (6.623.227.000, para ser exactos), que es lo que el Ministerio de Hacienda presupuestó en 1998 para pagar a los obispos los salarios de unos 8.500 docentes de catolicismo empleados en la enseñanza primaria pública.

El Gobierno dijo ante el Congreso, el 19 de diciembre de 2001, que aquellos 6.623 millones eran "la totalidad de la subvención nominativa consignada en la aplicación presupuestaria 18.05.422 A.482, de los Presupuestos Generales del Estado para 1998". Y añadió: "El destino de dicha subvención, tal como especifica el texto literal de la citada aplicación presupuestaria, se refería a hacer efectiva la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos de EGB". La pregunta la había hecho el diputado Luis Carlos Rejón, de IU, que recibió la misma respuesta que había dado el Ministerio de Educación en el Senado al senador Josep Varela i Serra, de CIU, el 13 de septiembre de 1999.

En un documento sellado por la Secretaría General del Congreso con el número de registro 058883, fechado el 10 de enero de 2002, Educación también explicó: "En fechas recientes se ha tenido conocimiento de algunas sentencias firmes de juzgados y tribunales de lo social que condenan al referido ministerio al pago de ciertas cantidades correspondientes a 1998. Con objeto de determinar las causas de las obligaciones que ponen de manifiesto dichas sentencias, se está procediendo a llevar a cabo las actuaciones de verificación oportunas".

Nada se sabe de lo averiguado por Educación, salvo que la ministra, Pilar del Castillo, en declaraciones a Efe el pasado día 10, sigue haciendo "acopio" de información. En cambio, los jueces no han perdido el tiempo, y tampoco los sindicatos de profesores recurrentes. Tres magistrados de lo social de Canarias y otro de Andalucía ya han entrado en el fondo del asunto sentenciando como irrefutables estos hechos probados y aceptados por las partes en litigio:

- Los profesores que recurrieron "nunca cobraron por sus servicios". Se les debe, por tanto, 86.361 pesetas brutas por mes, más 78.079 pesetas de la paga de navidad (total, 423.523 pesetas).

- Los recurrentes prestaban "servicio en virtud de propuesta efectuada por el obispado, el cual abona materialmente las retribuciones con dinero que recibe del Ministerio de Educación".

- El empleador de los docentes era el Ministerio de Educación, "el cual debe responder de la presente reclamación", limitándose cada obispado a pagar a los recurrentes "el salario con dinero que previamente recibe de la Administración".

Han dictado sentencias sentando este criterio los jueces Salvador Salas Almirall, Nuria Navarro Ferrandiz y Yolanda Álvarez del Vayo, en el caso de Canarias, la diócesis más castigada por los tribunales como consecuencia de que es allí donde más docentes se atreven a pedir amparo a la justicia por el apoyo de la Intersindical Canaria.

En el caso de la veintena de profesores de Valladolid que también acudieron al juzgado, representados por la letrada Raquel García Blanco, del sindicato ANPE, el magistrado les dijo que el recurso debía dirigirse también contra el arzobispado, como pagador, y no sólo contra la Administración. Finalmente, reunidos los recurrentes con el delegado diocesano de Enseñanza, Mariano García Ruano, éste les dijo que no podía pagar por no haber recibido dinero alguno del Ministerio de Educación. Poco después estalló el escándalo de la agencia Gescartera, en la que el arzobispado tenía invertidos más de mil millones de pesetas.