Coín vive

El pasado martes 17 de diciembre se publicaba en esta misma sección una carta que, bajo el título de Coín se muere, se acusaba gravemente y sin aportar prueba alguna la política urbanística seguida en dicho municipio malagueño. Partiendo de la base de que una acusación sin ninguna prueba que la avale carece de valor, me veo en la obligación, como alcalde de Coín, de ofrecer a los lectores de EL PAÍS mi opinión para que puedan sacar sus propias conclusiones con ambas versiones en las manos.

El texto al que me refiero es de la asociación Procure de Coín, y hablaba de una "voraz política urbanística que está destruyendo el patrimonio de un pueblo", llegando incluso a poner en duda la legalidad del PGOU vigente: "Entendemos que dicho PGOU vulnera las leyes del Patrimonio Histórico". Para empezar, si el PGOU no se atuviera a las leyes vigentes no tendría como tiene el visto bueno de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Este plan, además, estuvo expuesto al público durante cinco años antes de ser aprobado. No tuvo ni una sola alegación, ni siquiera por parte de la propia Procure, que ya existía como asociación.

Por otra parte, se acusa al PGOU de no contemplar "ningún tipo de protección, ya sea Plan Especial o Normativa-Catalogación", siendo un dato totalmente falso, puesto que posee catalogaciones de, por ejemplo, varios monumentos declarados Bien de Interés Cultural. Se nombra al Defensor del Pueblo afirmando que recomendó revisar el PGOU de Coín ante las reiteradas denuncias de Procure, pero no se añade que también sostenía que no había encontrado ningún indicio de infracción en las licencias otorgadas. Es más, desde el Ayuntamiento se ha encargado al Colegio de Arquitectos de Málaga que elabore un dictamen sobre los valores necesarios a preservar en Coín, con el que esperemos que de una vez por todas se acabe con la irresponsabilidad de verter críticas infundadas, que lo único que persiguen es confundir a la opinión pública.