Argentina cumple un año en el abismo

En abril pasado, el presidente argentino, Eduardo Duhalde, en un alarde de optimismo, pronosticaba para el 9 de julio "una gran fiesta para celebrar el fin de la recesión", que se arrastraba desde hacía tres años y medio. En el polo opuesto, analistas y gurúes económicos vaticinaban por aquellas fechas un futuro apocalíptico: hiperinflación, hundimiento de la moneda y empobrecimiento generalizado.

Ninguno de los dos diagnósticos acertó. Un año después de los sucesos del 20 de diciembre de 2001, cuando algunos creyeron ver el comienzo de una revolución, Argentina sobrevive en la incertidumbre. El país no se ha desplomado ni ha recuperado la ilusión. Se diría que empieza a acostumbrarse a convivir con sobresaltos que no alteran un ápice el panorama.

Los políticos y los partidos ofrecen la peor imagen de desunión y de guerras intestinas

Hace un año, el centro de Buenos Aires era un campo de batalla. Manifestantes y policías se enfrentaban violentamente mientras el presidente Fernando de la Rúa abandonaba la Casa Rosada en helicóptero. Era la culminación del desmoronamiento de un Gobierno acorralado. Una ola de saqueos, manifestaciones y protestas en todo el país presagiaba un estallido social imparable. Las fuerzas de seguridad, incapaces de mantener el orden, reprimieron a sangre y fuego con un saldo de 30 muertos, 500 heridos y 4.500 detenidos.

La congelación de los depósitos bancarios de miles de ahorristas desató la ira popular, frente a la cual De la Rúa decretó el estado de sitio el 19 de diciembre. "La clase media urbana se movilizó espontáneamente y produjo un acto de desobediencia civil que acabó con la caída del presidente", recuerda Carlos Chacho Álvarez, el vicepresidente dimitido un año antes en la primera crisis del Gobierno de la Alianza, a raíz del escándalo de los sobornos en el Senado.

Entre el 20 de diciembre y el 2 de enero de 2002 los argentinos vivieron 10 días vertiginosos: cinco presidentes, anuncio de la suspensión de pagos de la deuda y devaluación del peso, que enterró la paridad con el dólar tras 10 años de vigencia.

Por un momento pareció que la ciudadanía estaba dispuesta a pasar a la acción. "¡Que se vayan todos!", fue el grito que resonó por toda Argentina. Y todos eran los políticos, los jueces y los representantes de un poder considerado añejo y corrupto. Organizaciones populares, como las asambleas barriales, surgieron espontáneamente para cambiar el orden social.

"Los argentinos somos muy exagerados. Hubo una visión desmesurada de lo que significó aquella eclosión social", opina Álvarez. "Creer que iba a surgir automáticamente una opción política es totalmente erróneo. Aquí fracasó una clase dirigente, empresarial, política, sindical, en una sociedad atravesada por comportamientos que muestran un enorme desapego a las normas. La gente tiene dinero afuera no declarado, no paga impuestos, los dirigentes sindicales están hace 30 años en su cargo. Es un fracaso colectivo, pero más responsabilidad tenemos los que dijimos a la gente que íbamos a resolver la situación", afirma Álvarez.

El periodista Joaquín Morales Solá mira hacia atrás y señala: "Objetivamente, la sociedad argentina está peor que hace un año. El trabajador ha perdido un 50% de su capacidad adquisitiva por la caída del salario real, ha aumentado la pobreza y el peso vale menos". Al mismo tiempo, los argentinos han demostrado que pueden aguantar mucho más de lo esperado, hasta tal punto que el ruido de las cacerolas y las acciones de los piqueteros (organizaciones de parados) se han diluido con el paso de los meses.

El psiquiatra Darío Lagos cree que hay motivos para la esperanza tras los acontecimientos de hace un año: "Algo cambió, porque a la gente se le abrió más el corazón". Menciona el movimiento asambleario, la recuperación de fábricas abandonadas por sus dueños y la apertura de nuevos canales solidarios profundos en el interior del país: "Las ollas populares sustituyen en ocasiones la comida que no llega del Gobierno, el pequeño bolichero [tendero] es el que da fiado y aporta un kilo de arroz, más allá de las maniobras de los dirigentes políticos".

En el terreno económico, el Gobierno del presidente Eduardo Duhalde, quien no fue elegido en las urnas, sino designado por el Congreso, dibuja un cuadro de cifras optimistas. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, anunció hace poco el fin de la recesión. Apoyado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), aseguró que por primera vez en 27 meses los datos de producción industrial de noviembre mostraron una tasa interanual positiva. También habló de un descenso del paro y de un aumento de la población económicamente activa. El 27 de diciembre el Gobierno difundirá los datos oficiales sobre empleo. La última medición del paro, de mayo, alcanzó el máximo histórico del 21,5%.

El economista Roberto H. Cachanovsky desmitifica los supuestos avances logrados por Duhalde, a quien acusa de dejarle a su sucesor una pesada carga: un impuesto inflacionario, impuestos a las exportaciones y suspensión de pagos de la deuda. "Le está dejando al próximo Gobierno una estructura tributaria terrorífica, el 21% de desocupación, más del 50% de la población por debajo de la línea de pobreza y un aumento alarmante de la indigencia".

Se ha evitado una subida meteórica del dólar, pero ¿a qué precio? "El dólar no se ha disparado, en contra de lo que pronosticaban algunos, no porque la gente confía en el peso, sino porque el Gobierno ha implantado controles de cambio, que prohíben a las empresas girar fondos al exterior y ha obligado a los exportadores a vender sus divisas a una tasa de interés muy alta", dice Cachanovsky. Argentina, desde que se creó el Banco Central en 1935, ha destruido cuatro signos monetarios, desde el peso moneda nacional al peso actual, que equivale a 10 billones de pesos, moneda nacional. "Con procesos inflacionarios tan agudos, la gente no confía en la moneda que emite el Gobierno, porque detrás de la moneda está el prestigio de la dirigencia política".

El año 2002 ha estado marcado por el culebrón de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una y mil veces todo parecía listo para la rúbrica, pero en el último momento algo falló. Y así, con el anuncio permanente de la firma del acuerdo, Argentina ha sobrevivido sin él. Para muchos observadores, como Cachanovsky, el obstáculo principal está en la incertidumbre política y la falta de garantías de continuidad jurídica, según gane uno u otro en las próximas elecciones presidenciales.

En un punto coinciden todas las fuentes consultadas: el problema argentino es político. La reforma del Estado es una asignatura pendiente. No ha cambiado el sistema de coparticipación federal, ni el sistema tributario. La consigna "¡que se vayan todos!" se ha traducido en la práctica en que se quedaron todos. Dirigentes políticos como el ex presidente Carlos Menem, que hace menos de un año no podía salir a la calle sin riesgo de ser insultado o agredido, pisa con pie firme el acelerador para volver a la Casa Rosada. En los sondeos para las presidenciales del 27 de abril no queda en mal lugar y, lo que es más importante, crece la opinión de que hay un porcentaje de intención de voto oculto a favor del presidente que gobernó Argentina en la década de los noventa.

Los políticos y los partidos ofrecen la peor imagen de desunión y de guerras intestinas. El Partido Justicialista (peronista) está más dividido que nunca, con una guerra frontal entre Menem y Duhalde. La Unión Cívica Radical (UCR) ha protagonizado estos días un espectáculo bochornoso en las elecciones primarias para escoger al candidato presidencial, en el que Rodolfo Terragno acusa a Leopoldo Moreau de manipular los resultados. Hasta la pequeña formación de izquierda Autodeterminación y Libertad, que dirige el diputado Luis Zamora, se halla inmersa en una guerra interna.

"Ésta es una crisis de legitimidad generalizada de la clase dirigente, y en particular de la clase política", concluye Damián Fernández Pedemonte, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Austral.