La sindicatura ve irregularidades en el Ayuntamiento de Barcelona por el 'caso Movilma'
La Sindicatura de Cuentas, el equivalente catalán del Tribunal de Cuentas, aprobó el jueves un informe en el que certifica "irregularidades" en los contratos suscritos por el Ayuntamiento de Barcelona con empresas del grupo Movilma entre 1986 y 1996. El informe constata las anomalías que ya pusieron de manifiesto en su día la fiscalía y Hacienda en las relaciones de este grupo de empresas -impulsado por dirigentes socialistas- con el Ayuntamiento, que en el periodo analizado le asignó contratos por un valor total de 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros).
La Audiencia de Barcelona archivó el caso en 2000 y descartó la existencia de responsabilidades penales o de tráfico de influencias. Pese a ello, Convergència i Unió (CiU) y el PP exigen que el líder de los socialistas catalanes, Pasqual Maragall, que fue alcalde de la ciudad entre 1982 y 1997, "dé la cara" y asuma personalmente responsabilidades como consecuencia del informe de la sindicatura.
Tanto el gobierno municipal como el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) dan el caso por cerrado. Ernest Maragall, portavoz municipal, aseguró ayer que el asunto está "administrativamente y judicialmente archivado".
El informe analiza los contratos firmados con el Ayuntamiento por las empresas del Grupo Movilma, que suspendió pagos en diciembre de 1995. Entre las anomalías ratificadas destacan la falta de respeto a la libre competencia o a la publicidad de los concursos, siempre en beneficio de Movilma.
