La Generalitat y France Telecom aseguran la viabilidad de al-pi con 70 millones de euros

Con caras de sueño, pero sonrientes, tras 48 horas de negociaciones contrarreloj, el Gobierno catalán y France Telecom fumaron anoche la pipa de la paz. La supervivencia de la empresa catalana de telecomunicaciones al-pi, fruto de la mayor privatización realizada por la Generalitat y asfixiada hoy por 89 millones de euros de deuda, ha quedado asegurada. Los dos propietarios de la pequeña compañía, la filial española de France Telecom, Uni2, y el Gobierno catalán, pondrán 70 millones de euros para evitar la quiebra de al-pi, que hubiera sido un fracaso empresarial y político estrepitoso.

"Estamos muy satisfechos", aseguraron al unísono en una improvisada rueda de prensa Hervé Kauffmann, presidente de Uni2, y Jordi Alvinyà, secretario de la Sociedad de la Información y Telecomunicaciones de la Generalitat. Ambos subrayaron que al-pi sale reforzada y con el futuro garantizado en una sala con un puñado de botellas de cava y pastelillos. Les flanqueaba el director general del operador catalán, Aimé Brial, quien llegó a elevar las ambiciones de al-pi a casi lo más alto: "Ser la primera alternativa a Telefónica en Cataluña" en el mercado de empresas.

El acuerdo sellado ayer prevé que de los 70 millones que se inyectarán en el capital (52,5 millones los aportará Uni2 y 17,5 millones la Generalitat), 16 millones serán en efectivo y se destinarán a financiar el plan de negocio de al-pi. Los 54 millones restantes permitirán reducir deuda, la obsesión, sobre todo, de Uni2. La Generalitat limpia la totalidad de la deuda que le corresponde (13 millones de euros).

El Ejecutivo catalán no pudo materializar, por falta de acuerdo en el precio, la primera de sus alternativas, que consistía en recomprarle a su socio francés el 75% de al-pi. Aunque Alvinyà hizo hincapié en "la voluntad de permanencia" de ambos accionistas en la empresa y la importancia de garantizar el futuro de ésta, la recompra era la opción que más deseaba en voz baja. Y es que en los últimos meses las relaciones con el accionista mayoritario se han ido envenenando hasta rozar el divorcio. Un divorcio de consecuencias potenciales poco civilizadas, porque la Generalitat es el primer cliente de al-pi (acapara, aunque cada vez menos proporcionalmente, el 30% de su negocio) y también un cliente relevante para el grupo Uni2.

Pese a que la ampliación de capital por valor de 70 millones no es tan voluminosa como la deseada por la Generalitat (82 millones), lo importante es que el acuerdo ha evitado la quiebra de al-pi, no deseada por ninguna de ambas partes. Inicialmente, la ampliación de capital planteada por France Telecom se elevaba a 52 millones; pero, a juicio del Gobierno catalán, hubiera dejado las arcas de al-pi vacías porque con estos fondos los franceses daban prioridad a capitalizar la deuda de ambos accionistas.

La caja de la Generalitat no está para grandes desembolsos en negocios marcados por la crisis como es el de las telecomunicaciones. France Telecom, que arrastra una deuda de 70.000 millones de euros y necesita reposicionarse en Europa, menos todavía.

El hecho de que al-pi, marca con la que opera Catalana de Telecomunicacions, sea fruto de una privatización obligaba a la Generalitat, propietaria del 25% de la empresa, a tomar la iniciativa para evitar el patinazo político. Alvinyà tenía instrucciones de evitar la disolución de al-pi como fuera. Kauffman quería asegurarse de que la mayor parte de la deuda que al-pi representa para el operador francés pudiera aligerarse.

Ambos accionistas disponían de armas para amedrentar al otro. Uni2, con un control mayoritario de la compañía, podía forzar la disolución de la empresa, porque por ley debe hacerse en el caso de que las pérdidas superen los recursos propios.

Además, el sistema de financiación de al-pi (un préstamo de Uni2 que se renueva diariamente) es poco problemático en años de vacas gordas, pero hacía temblar a los 250 empleados de la compañía. Muchos de ellos dejaron empleos de lujo porque creyeron en el proyecto de un operador de telecomunicaciones fuerte con sede en Barcelona volcado en el mercado empresarial catalán.

Entre las armas de la Generalitat, figuran los avales de 28,85 millones de euros con los que France Telecom asumió una serie de compromisos escalonados en 10 años en materia de empleo (540 personas), inversión (288,49 millones) y servicios. En 2001 se cumplieron por los pelos, y la Generalitat ha levantado ya avales por unos 16 millones. En 2002, a 20 de diciembre, Kauffmann aseguró: " todavía no se ha contemplado", pero opinó: "En un mercado difícil creo que sí se han cumplido la mayoría de los compromisos". Los presupuestos de la empresa no los alcanzaban. Uni2 ha invertido hasta ahora poco más de 100 millones de euros.

De hecho, en su primera visita a Barcelona tras asumir el cargo, el presidente de Uni2 dijo que la inversión se modularía en función de la evolución del negocio, no de los compromisos. Un aspecto que también complicó la relación entre socios -miles de los clientes que Uni2 debía traspasar a al-pi no lo fueron- ya se ha resuelto. Pero sólo este año, el tercero de vida de al-pi, que se cerrará con unos ingresos de 46 millones de euros, frente a 27 millones de 2001.

El resultado operativo (Ebitda)continúa siendo negativo en seis millones de euros, frente a los 15 millones en rojo del año pasado. En el primer trimestre de 2003 se prevé alcanzar Ebitda positivo.

El Gobierno catalán era hasta hace menos de un año un accionista poco molesto frente a los desacuerdos, mientras su política de telecomunicaciones daba algunos bandazos. No le ha ayudado el hecho de que, a resultas de los cambios accionariales de Uni2, hayan pasado por al-pi cuatro directores generales en tres años. A un año de las elecciones, al-pi se convirtió en una auténtica bomba que podía estallarle en las manos. Ayer, la bomba se desactivó.