La justicia alemana paraliza la llegada de miles de inmigrantes claves para la economía

A partir del 1 de enero de 2003, Alemania tenía previsto estimular la llegada de decenas de miles de extranjeros con alta cualificación profesional para suplir las graves carencias de personal en informática y alta tecnología. El plan se vino abajo ayer. Sin entrar a juzgar el contenido, el Tribunal Constitucional decidió que esta profunda reforma de la Ley de Inmigración se aprobó de forma ilegal en el Parlamento y no puede entrar en vigor. Tras conocer la sentencia, la oposición celebró el triunfo y exigió al Gobierno una ley más restrictiva con los inmigrantes.

La sentencia del Constitucional supone un doble golpe. Para Gerhard Schröder, que había hecho de la nueva normativa uno de los proyectos estrella de la pasada legislatura. Y sobre todo para la avanzada industria informática y de alta tecnología alemana, que contaba con poder atraer cerebros del sureste asiático con las nuevas facilidades para la inmigración. "No puede ser que en el futuro, el mercado internacional de especialistas técnicos y de alta gestión sólo funcione en una dirección: de Alemania para afuera", declaró ayer consternado Ludwig Georg Braun, presidente de DIHK, una de las patronales del sector. Las estimaciones cifran en 1,5 millones los puestos de trabajo de alta cualificación sin cubrir por falta de personal adecuado.

Los expertos en derecho consideran que la ley, tal como se aprobó, no era especialmente liberal. Facilitaba la llegada de trabajadores especializados, como programadores informáticos y otros, cuya escasez en Alemania está dificultando el desarrollo de uno de los sectores con más futuro. Pero endurecía la concesión de asilo por motivos políticos y presionaba a los inmigrantes ya instalados a integrarse mediante cursos de lengua y cultura alemana. La oposición conservadora de la Unión Cristiano Demócrata (CDU), por el contrario, se opuso desde un principio para evitar estimular "una sociedad multicultural", uno de sus temas favoritos. Un país con cuatro millones de parados, además, no debe favorecer la llegada de nuevos trabajadores, con formación o sin ella, según los conservadores.

Así las cosas, llegó el día de la votación en el Bundesrat o Cámara alta, donde la coalición rojiverde no dispone de mayoría. Fue el 22 de marzo pasado. Del voto de Brandeburgo, donde gobierna una coalición entre SPD y CDU, dependía el resultado final. La Constitución establece que cada Land debe emitir su opinión de forma unánime. De lo contrario, la costumbre es que se abstenga. Aquel día, cuando le llegó el turno a Brandeburgo, el presidente del Senado preguntó al presidente regional cuál era su voto. Afirmativo, contestó Manfred Stolpe (SPD). A continuación, el presidente le preguntó al vicepresidente regional y ministro del Interior, Jörg Schönbohm (CDU), por el suyo. Negativo, contestó el político conservador.

En ese punto, el presidente del Senado, en aquel momento Klaus Wowereit (SPD), alcalde de Berlín, debió haber dado por nulo el voto de Brandeburgo, según dictaminó ayer el Tribunal Constitucional, en cuyo caso la ley hubiese sido rechazada. Pero Wowereit optó por otra vía. Volvió a preguntar al presidente regional. Afirmativo, contestó éste de nuevo. Y luego al vicepresidente del Land. "Señor presidente, usted ya conoce mi posición", contestó Schönbohm. Su repuesta no contenía la palabra no. Wowereit zanjó entonces la discusión y anotó el voto de Brandeburgo en la lista de los síes, con lo que la ley quedó aprobada. La oposición estalló en gritos, en uno de los tumultos más sonados que se recuerdan en el Bundesrat, y abandonó la sala. El Tribunal Constitucional, por seis votos contra dos, le ha dado ahora la razón.

El ministro del Interior, Otto Schily, anunció ayer que, puesto que la sentencia del alto tribunal no afecta al contenido de la ley, el Gobierno tiene la intención de presentarla de nuevo ante el Parlamento, tal cual, en enero. La CDU sostiene que está dispuesta a negociar el contenido a cambio de su voto favorable, pero exige a cambio varias modificaciones, entre ellas reducir el número de nuevos inmigrantes previstos y endurecer la normativa de forma general. Los Verdes, socios de Schröder en la coalición de gobierno, se niegan en redondo. Todo apunta a una larga discusión que mantendrá de momento la legislación bloqueada, para gran disgusto de la industria, que considera urgente la llegada de trabajadores cualificados. De lo contrario, "tendremos un obstáculo gigantesco para el desarrollo de la economía alemana", se quejó Michael Rogowski, presidente de la BDI, la patronal de los industriales.