Defensa rechaza el cálculo de Rota sobre el cobro de impuestos locales

El Ministerio de Defensa ha desestimado el cálculo económico presentado por el Ayuntamiento de Rota (Cádiz) para el cobro de los impuestos locales derivados de la actividad civil desarrollada por la base naval de uso conjunto norteamericano instalada en su término municipal.

Según informó ayer el alcalde de Rota, Domingo Sánchez Rizo (PSOE), en el curso de una reunión, los representantes de patrimonio del ministerio expresaron su rechazo a la liquidación elaborada por los técnicos del Ayuntamiento.

El documento municipal está basado en los términos establecidos por una sentencia del Tribunal Supremo. Esta sentencia obliga al Estado al pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a las "actividades civiles" desarrolladas en la zona de la base y que "no afecta a la seguridad nacional", en el entendimiento de que el resto del territorio, el ocupado en actividades directamente relacionadas con la defensa, está exento del pago de impuestos.

Así las cosas, según el criterio municipal, el 65% del suelo de la base está obligado al pago de las tasas. Se trata de la zona reservada para el poblado militar y las actividades comerciales, educativas y de ocio de la población militar residente en la instalación. La primera estimación del Ayuntamiento de Rota valora la cantidad pendiente de pago en unos 3,5 millones de euros.

Nuevo encuentro

Sin embargo, los representantes de Defensa, según explicó Sánchez Rizo, "han invertido el porcentaje", de manera que consideran afecto a Defensa el 65% del territorio, reduciendo la zona de actividad civil a sólo el 35% del recinto. Las partes han previsto un nuevo encuentro negociador antes de que finalice el año para intentar "buscar un punto de equilibrio".

Independientemente de la cuantía de la deuda pendiente, el alcalde informó también ayer de diferencias en el sistema de pago. Según explicó, en una carta remitida por el Ministerio de Administraciones Públicas, su titular, Javier Arenas (PP), ha anunciado su intención de posponer el abono hasta incluirlo en los pagos derivados del nuevo modelo de financiación de las administraciones locales.

Sánchez Rizo mostró ayer su rechazo a esta posibilidad porque, a su juicio, no reconoce "la singularidad" de su municipio, expresada en la sentencia del Supremo.

El pago al que está obligado el Estado se refiere a los últimos cuatro años de ocupación de suelo municipal y a la actividad económica desarrollada por la base, ya que los anteriores han prescrito. La sentencia del Tribunal Supremo, que fue dictada y conocida el pasado verano, establece, además, un modelo de relación económica que obligará a las partes en el futuro.