Estado ausente

Ha transcurrido más de un mes desde el accidente del Prestige y el Gobierno y la Xunta de Galicia siguen actuando a remolque de los acontecimientos y muy por detrás de las iniciativas de solidaridad surgidas en la sociedad. Un Gobierno y unas autoridades responsables dispondrían ya de una evaluación aproximada de los daños producidos y habrían previsto las asignaciones económicas necesarias para hacer frente a la catástrofe. De momento, sólo se ha avanzado el coste de la limpieza de las playas -unos 60 millones de euros según cálculos que cada día parecen menos realistas-, pero nada se sabe del impacto negativo de la catástrofe ecológica sobre el sector pesquero y el turismo gallegos. En definitiva, sobre la vida entera de Galicia.

Y en cuanto a las ayudas, aparte de las comunitarias que se han reasignado para esta emergencia, la iniciativa corre a cargo de instancias que, como los sindicatos y empresarios, proponen destinar una décima de las cotizaciones sociales a la creación de un fondo de solidaridad con Galicia y el resto de las comunidades afectadas. El Gobierno sigue ausente y sin tomar iniciativas propias en un aspecto crucial de la catástrofe.

La ausencia clamorosa de Estado, puesta de manifiesto en el cúmulo de decisiones improvisadas o erróneas que han caracterizado la actuación del Gobierno, explica que, más de un mes después del accidente del Prestige, patronos y pescadores gallegos estén en la tesitura de hacer una huelga de hambre para forzar a la Administración a que les proporcione medios técnicos que sustituyan a los artesanales con los que vienen haciendo frente a la marea negra que contamina sus playas y amenaza sus caladeros.

Se comprende que el Gobierno rehuya dar una explicación global sobre su actuación en un pleno monográfico en el Congreso. ¿Cómo podría explicar el Gobierno de un Estado moderno las imágenes de voluntarios que siguen recogiendo el fuel con sus manos en el "mayor desastre ecológico de nuestra historia", como finalmente reconoció Aznar casi un mes después del accidente del Prestige, en una visita relámpago en la que ni siquiera se asomó al chapapote?

Tampoco tiene fácil explicación que el Gobierno de un Estado moderno no haya librado ningún crédito extraordinario a cuenta de los Presupuestos para hacer frente a las secuelas de la catástrofe. El gesto de sindicatos y empresarios de destinar una décima de las cotizaciones sociales a un fondo de solidaridad o el de las comunidades autónomas de asumir los gastos de limpieza de una parte de las playas contaminadas es digno de elogio, pero no puede servir de coartada al Gobierno para eludir su propio compromiso presupuestario. ¿O es que el culto al deficit cero prevalece sobre las necesidades más urgentes de las gentes?