Cuatro normas para un mismo problema

A juicio del catedrático de Salud Pública Carlos Álvarez-Dardet, los agujeros en la normativa estatal y autonómica para hacer frente a la legionela tienen su parte de culpa en el goteo de casos en Alcoy. En julio de 2001, tras la epidemia de Murcia, la mayor de la historia, el Ministerio de Sanidad aprobó un real decreto que establecía los controles para los equipos donde se encuentra la bacteria. En Valencia había una norma de 2000, elaborada tras los primeros brotes de Alcoy.

Ninguna de ellas ha demostrado su utilidad, según Álvarez-Dardet, quien pone el ejemplo de que en Alcoy "no se ha puesto ninguna sanción económica a ningún empresario" por incuplir la normativa de la limpieza de equipos.

La Generalitat valenciana, consciente de la poca eficacia de los primeros decretos redactados, acaba de emitir uno nuevo que corrige el aprobado hace dos años y el protocolo de actuación diseñado específicamente para la ciudad de Alcoy. El nuevo documento endurece las sanciones por incumplimiento de la limpieza en las áreas en las que se reproduzcan los brotes de la bacteria. En estos lugares se aplicarán siempre las multas máximas, que podrán ascender a 600.000 euros. Además, en estas zonas se crearán comités de gestión de los brotes y se establecerán plazos de limpieza más cortos en las industrias con equipos peligrosos, así como más inspecciones.

El Ministerio de Sanidad también ha pensado en corregir el real decreto de 2001 porque los casos siguen. Hasta finales de octubre ha habido 1.188 casos, según el Centro Nacional de Epidemiología. En 2000 hubo 752, y en 2001, 1.404 (la epidemia de Murcia copó casi la mitad). En una reunión celebrada hace mes y medio los directores de Salud Pública de las comunidades autónomas debatieron sobre los cambios que necesita la normativa.

Y es que los instaladores denuncian que el decreto actual es poco realista y que no se puede cumplir. El real decreto establece que el responsable de los equipos y de lo que ocurra es el dueño de la instalación. Y poco más. Marca dos revisiones anuales a las torres de refrigeración (según Álvarez-Dardet, dos son insuficientes). La norma dice que hay que hacer análisis microbiológicos, fisico-químicos y control del biocida usado, entre otras cosas, pero no establece exactamente qué valores son tolerables ni qué hay que medir. Ahora se pretende hacer una norma más concreta y específica.