Anomalía vasca

La coalición que gobierna el País Vasco consiguió evitar el viernes la devolución de su proyecto de presupuestos, pese a que no cuenta con mayoría en la Cámara. Como el año pasado, una interpretación ad hoc del reglamento permitió a su presidente establecer la votación por separado de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, PSOE y Batasuna, con lo que garantizaba que ninguna de ellas prosperase. En la práctica ni siquiera llegó a plantearse la oportunidad porque los diputados de Batasuna se ausentaron de la votación con un pretexto ajeno al asunto. El resultado es, en todo caso, que se tramitarán unos presupuestos que no cuentan con el respaldo de la mayoría de la Cámara, lo cual es una anomalía que se suma a otras que caracterizan a la política vasca.

La falta de respaldo suficiente se manifestará ahora en la votación de cada partida y capítulo, con resultados inciertos, dependientes sobre todo del humor de Batasuna. Sus portavoces han dejado abierta la posibilidad de acuerdos parciales en las áreas de Justicia, Educación y Vivienda. El desenlace será un híbrido similar al del año pasado, con una parte de las cuentas públicas prorrogada y otra aprobada mediante remiendos. Serán los cuartos presupuestos prorrogados en los últimos cinco años, con o sin añadidos ulteriores. Con la particularidad de que no habrá votación final, como ocurre en todos los parlamentos del mundo, para evitar que quede en evidencia que no cuentan con el apoyo de la mayoría.

Una situación así provocaría en cualquier otro lugar una crisis institucional que obligaría al Gobierno a modificar sus alianzas o disolver la Cámara. Pero Ibarretxe parece convencido de que la responsabilidad de recabar los apoyos necesarios no es suya, sino de la oposición, que debería facilitar la gobernabilidad. Incluso se ha sugerido que tres diputados del PP o PSOE se ausenten de la votación para que el Gobierno pueda contar con una mayoría en las votaciones. Suena a broma, y más después de que el anteproyecto haya incluido partidas por importe de 168 millones de euros en relación a competencias no transferidas, de acuerdo con la advertencia de Ibarretxe de que las asumiría unilateralmente.

Esto ocurre poco después de que el PNV intentara modificar a su favor la ley electoral en Álava. La aplicación de las normas a conveniencia y la relativización de las reglas de juego es lo contrario de lo que aconsejaría una situación caracterizada por el intento de ETA de deslegitimar a las instituciones y de eliminar de la vida política a partidos que representan a cerca de la mitad de la población.