Expectativas por cumplir

El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, tiene en su mano, esta semana, cerrar dos de los frentes más importantes que mantiene abierto el Gobierno central en sus relaciones con la Junta de Andalucía, como son las transferencias de las Políticas Activas de Empleo y la reforma del Subsidio de Desempleo Agrario. Su reunión hoy con los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, respectivamente, se presenta como una nueva oportunidad para el acuerdo, restituyendo, así, de forma inmediata, los derechos sociales de jornaleros del campo. Si de este encuentro no se obtienen resultados positivos, el camino queda abierto para nuevas movilizaciones entre la que se incluye una huelga, que, de llevarse a efecto, supondría un grave daño para el sector.

A tenor del pronunciamiento de algunos dirigentes populares andaluces, ese entendimiento parece posible, aunque dichas esperanzas casan muy poco con los ataques directos que están propinando, últimamente, a los responsables de las centrales sindicales en nuestra comunidad a los que vienen a acusar de estar a las órdenes directas del PSOE. Sin embargo, parece que tienen menos remilgos a la hora de contactar con el SOC, sindicato situado al margen de cualquier negociación oficial y con el que no hay inconvenientes en mantener todo tipo de contactos que, luego, por cierto, no quedan más que en la consabida foto al cerrarse, sistemáticamente, sin resultado alguno.

Pero, además, Zaplana preside este miércoles el Consejo Sectorial, en el que participan los consejeros de Empleo de las distintas comunidades, una ocasión que bien podría ser aprovechada por él para entablar un diálogo con el consejero andaluz, José Antonio Viera. No tiene sentido que Andalucía siga por más tiempo sin contar con el máximo nivel competencial permitido en esta materia; de ahí, que no sea de extrañar que el ministro, a estas alturas de legislatura, quiera dar carpetazo al asunto. En cualquier caso, la verdadera voluntad de acuerdo puede que se confirme, definitivamente, tras el nuevo encuentro previsto en estos días entre Javier Arenas y Manuel Chaves.

"Gamberrismo institucional"

Hay, por tanto, ocasiones suficientes, en la agenda política para comprobar si habrá o no cambio de actitud con el que poner fin a una serie de contenciosos que han derivado en lo que se ha llegado en llamar la confrontación política, término con el que se ha querido descalificar la posición reivindicativa y de diferenciación de la Junta con respecto a Madrid. Una estrategia que se ha convertido en respuesta obligada ante lo que se consideraban agresiones permanentes a Andalucía. De seguir así las cosas, la lectura que se obtendrá es que esta práctica ha sido útil y ha tenido sus evidentes réditos políticos, a pesar de granjearse duras descalificaciones como aquella de "gamberrismo institucional", a la hora de referirse a las decisiones que ha adoptado la Junta con respecto al gobierno del PP. Así que, a partir de ahora, todo lo que se consiga en esas mesas de negociación no serán más que logros que se arrancan gracias a esa presión que se ha mantenido en todos los niveles, llevando la contienda al mismo Tribunal Constitucional cuando ha hecho falta.

En este clima se llega al debate final de los Presupuestos andaluces, con esa Ley de Acompañamiento en donde se introducen los requisitos legales suficientes para tratar de frenar la loca carrera que ha emprendido el todavía Presidente de Cajasur, Miguel Castillejo. Está por ver que la jerarquía eclesiástica, la Conferencia Episcopal,y la Nunciatura Vaticana le apoyen a él en su pugna con el obispo de Córdoba, Francisco Javier Martínez, por lo que queda mucho por contemplar de aquí al 28 de este mes, Día de los Santos Inocentes, y fecha fijada para la celebración, en contra de lo que pedía el prelado, de la asamblea general de la entidad en la que se han de someter a aprobación los nuevos estatutos en los que trata de consagrar el golpe de mano dado por el polémico sacerdote.