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Columna
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Las cosas en su sitio

La carta pastoral hecha pública esta semana por el obispo de Córdoba, Javier Martínez, acerca de la conducta del sacerdote Miguel Castillejo al frente de Cajasur ha sido, sin ninguna duda, la noticia y la sorpresa política de la semana.

No entro ni salgo en el juicio que hace el obispo acerca del carácter escandaloso de la póliza suscrita por Cajasur a favor de su presidente ejecutivo como indemnización por su cese, bien sea por voluntad propia o por cualquier otra causa, independientemente de su legalidad. Ésa es la perspectiva en la que se sitúa el obispo y es lógico que así sea. A mí, por el contrario, es la perspectiva de la legalidad o mejor dicho de la ilegalidad de la póliza la que me importa. Porque es un momento más de lo que ha sido una constante casi desde el momento mismo de la aprobación de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía. La resistencia a aceptar la decisión del Parlamento andaluz se ha manifestado de múltiples formas, pero siempre con el apoyo político del PP, de manera abierta o de manera solapada, y con una cobertura mediática uniforme por parte de los medios de comunicación más enfeudados, directa o indirectamente, a la Moncloa. El cierre de filas en torno a Miguel Castillejo una vez que se ha conocido la suscripción de dicha póliza ha sido hasta la fecha el último episodio de esa resistencia a cumplir la ley.

La conducta de Castillejo sólo es explicable en términos de defensa de sus intereses particulares y no de la Iglesia

A la cobertura mediática justificadora de la conducta del presidente de Cajasur me referí hace dos domingos. Es posible que, en los años de democracia, se haya producido en alguna ocasión una coincidencia de entrevistas y editoriales como la que se produjo el sábado de aquella semana respecto de la posición de Miguel Castillejo, pero no la recuerdo. En todo caso, se le dispensó un trato que es más propio del que se le podría dispensar a un presidente de Gobierno en circunstancias excepcionales, que el que es lógico que se le dispense a un presidente de una caja de ahorros en un mero incidente de aplicación de una ley.

Pero lo que me interesa resaltar es que la carta del obispo ha venido a poner las cosas en su sitio y a desmontar los dos argumentos que en aquellas entrevistas y en las intervenciones de los dirigentes del PP, reproducidas miméticamente en los editoriales de los medios de comunicación a los que me estoy refiriendo, se hicieron valer para justificar la conducta del cura Castillejo al frente de Cajasur.

El primero giraba en torno a la defensa de la Iglesia frente al acoso del poder político socialista. No era un interés personal el que movía a Miguel Castillejo a actuar de la forma en que lo había venido haciendo como presidente de Cajasur, sino que era la defensa de la Iglesia católica, que se veía amenazada por un Gobierno autonómico hostil. Éste fue el argumento que el cura Castillejo hizo valer en aquellas entrevistas. La carta pastoral del obispo ha rebatido el argumento de manera irrefutable. No ha habido agresión del Gobierno socialista a la Iglesia y, en consecuencia, no hay nada de lo que ésta tuviera que ser defendida. La conducta de Miguel Castillejo al frente de Cajasur únicamente es explicable en términos de defensa de sus intereses particulares y no en los de los intereses generales de la Iglesia. La defensa de la Iglesia es una cortina de humo, una maniobra de intoxicación para ocultar la realidad.

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El segundo argumento, avanzado y reiterado por la presidenta del PP, Teófila Martínez, giraba en torno a la "cacería política" orquestada por el presidente de la Junta de Andalucía contra el presidente de Cajasur. Miguel Castillejo, en opinión del PP y de los medios de comunicación que lo secundan, habría actuado, por así decirlo, en "legítima defensa", ante el inminente peligro que representaba para él la agresión de la Junta.

Aquí, ha venido a decir el obispo, no ha habido más maniobra política que la que ha vinculado al presidente de Cajasur con un partido político, que el obispo no dice expresamente cuál es, pero que todo el mundo sabe que es el PP. La conducta de los demás partidos ha sido una conducta de neutralidad, sin que haya ningún elemento ni a favor ni en contra que deba ser subrayado. Es la vinculación de una caja de ahorros dirigida por un sacerdote con un partido político lo que constituye un escándalo, en la medida en que recuerda además experiencias anteriores que han conducido a pérdida de autonomía de la Iglesia que no deben volver a producirse.

Esto es lo que políticamente significa la carta pastoral del obispo, que es lo que a mí me interesa, ya que, como he indicado antes, no entro ni salgo en la discusión que pueda entablarse en el interior de la comunidad de fieles acerca de la conducta de Miguel Castillejo. Si no fuera por esas referencias a problemas de naturaleza política, ni siquiera la habría comentado.

Pero esas referencias no pueden ser pasadas por alto. Y además, no admiten refutación. ¿Cómo se puede justificar la propia actuación como de defensa de la Iglesia cuando el máximo responsable de la misma en la provincia afirma que no hay nada de lo que la Iglesia tenga que defenderse? ¿Cómo se puede afirmar que hay una cacería política contra el presidente de Cajasur cuando el obispo afirma que lo único que hay es colusión entre dicho presidente y los dirigentes del PP?

Nadie ha podido, desde que se hizo pública la carta del obispo de Córdoba, dar un solo argumento que desacredite las afirmaciones que en dicha carta se contienen. El argumento de la connivencia del obispo y el PSOE como consecuencia de la alianza entre los socialistas y el movimiento Comunión y Liberación, avanzado el pasado viernes por el sindicato mayoritario de Cajasur, es tan esperpéntico que se desacredita por sí solo. ¿No saben los sindicalistas de Cajasur lo que significa Comunión y Liberación en la Iglesia Católica?

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