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Vizcaya aprueba la norma que permite mantener el peaje en la A-8

El PP considera ilegal el canon y anuncia que irá a los tribunales

Las Juntas Generales de Vizcaya aprobaron ayer definitivamente la norma foral que permitirá mantener el peaje en la A-8 -a la mitad del coste actual- a partir de junio, cuando termina la concesión privada y pasa a manos públicas. No hubo sorpresas y la norma quedó aprobada por el equipo de gobierno PNV-EA con el apoyo socialista. El resto de la oposición la rechazó. El PP anunció que irá a los tribunales.

El mantenimiento de un canon, como ahora se denomina al pago por utilizar la principal autopista vasca, tiene ya todos los obstáculos despejados. Ha requerido un año, desde que PNV y EA presentaron el nuevo plan de accesos a Bilbao, que se financia con los ingresos obtenidos por el peaje en la A-8. Los partidos del equipo de gobierno en la Diputación lograron el apoyo de los socialistas y luego crearon una sociedad para encargarse de la explotación de la autopista.

El pleno de las Juntas Generales, celebrado ayer en Gernika, aprobó definitivamente la norma que permite el canon y que servirá también para implantar un peaje en la Super Sur, la nueva autopista que se construirá en torno a Bilbao para desatascar la A-8. La ley permite a la sociedad pública creada, Interbiak, delegar la gestión del cobro en una empresa privada y ya se ha abierto un concurso al que optan cuatro firmas, entre ellas la actual concesionaria, Europistas, y la Vasco-Aragonesa, gestora de la A-68, la otra autopista que atraviesa Euskadi. Esta subcontratación no es bien vista por el PSE, que prefiere que Interbiak se encargue de la gestión.

465 millones

El diputado de Obras y Transportes, José Félix Basozabal, defendió el mantenimiento del peaje para evitar una saturación de la A-8 con un tránsito gratuito y para sufragar el nuevo plan viario a Bilbao, que prevé una inversión de 465 millones de euros.

El PP fue el único grupo que presentó enmiendas, rechazadas por el resto de los grupos. Su portavoz, Jesús Isasi, consideró ilegal la norma por incumplir varios artículos del régimen económico de Vizcaya. "No se incluye en los presupuestos porque no hay presupuestos y desconocemos los ingresos y gastos" de la sociedad Interbiak, arguyó.

Por ello, el PP anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Superior vasco. El socialista Josu Montalbán admitió que su partido no apoya el mantenimiento de un canon, pero lo justificó para financiar las nuevas carreteras en el área metropolitana. Reprochó a los populares su postura "en contraste con su política en el resto de España".

El PNV rechazó también las críticas del PP y censuró que no planteen ninguna solución a los problemas de tráfico en los accesos a Bilbao. Raquel Modubar, de IU, mostró su oposición a la norma por delegar la gestión pública de la A-8 en empresas privadas.

Las autoridades vizcaínas han anunciado que pretenden establecer un peaje en torno a los cinco céntimos de euro por kilómetro. Guipúzcoa ya ha aprobado un canon de siete céntimos de euro; pese a estas diferencias, ambas diputaciones han afirmado que habrá un precio unitario.

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