El Parlamento aprueba la ley que garantiza una muerte digna

El Parlamento vasco aprobó ayer la Ley de Voluntades Anticipadas, la primera que consigue sacar adelante el Ejecutivo en el año y medio que ha transcurrido de la actual legislatura. Todos los partidos apoyaron el texto, aunque el PP se abstuvo en la votación de los artículos que había enmendado sin éxito, y que no afectaban al fondo sino a la forma.

Esta Ley de Voluntades Anticipadas, también conocida como el testamento vital, llega poco después de que el Congreso de los Diputados apruebe una ley de características similares. La norma vasca permitirá a los ciudadanos tener una muerte digna al crear un registro en el que cualquier persona mayor de edad podrá dejar constancia de su rechazo a que se le prolongue la vida de manera artificial en caso de padecer una grave enfermedad de carácter irreversible. En ese documento, los ciudadanos podrán dar instrucciones sobre los tratamientos que rechaza de antemano ante situaciones terminales.

La Ley aprobada por el Parlamento recoge tres opciones para plasmar esta voluntad: formalizar el documento ante notario, ante tres testigos o ante el funcionario que gestione el Registro de Voluntades Anticipadas. Cuando el documento no haya sido inscrito en este registro deberá entregarse en el centro sanitario donde el paciente vaya a ser atendido. El enfermo podrá designar a un interlocutor para hacer cumplir su última voluntad ante los médicos cuando se encuentre incapacitado. La normativa permitirá unificar los diferentes registros que en la actualidad existen en varios ayuntamientos para acabar con esa desigualdad y con la inseguridad jurídica que provoca esta situación.

La voluntad del paciente no será tenida en cuenta cuando sea contraria a las leyes que están en vigor, como la eutanasia activa. Este procedimiento conlleva causar la muerte a un enfermo que expresamente lo ha pedido cuando se enfrenta a una muerte próxima, inevitable dolorosa o cuando su calidad de vida es pésima y ni siquiera está en condiciones físicas de suicidarse. Los médicos también tienen prohibido aplicar un tratamiento que resulte contraindicado para la buena evolución de la enfermedad.

El precedente de la norma vasca y de la estatal está en Cataluña, una comunidad donde las asociaciones a favor de la eutanasia y la muerte digna cuentan con una presencia importante.