El Gobierno catalán prevé duplicar en dos años el impuesto de actos jurídicos

El Gobierno catalán prevé incrementar hasta un 100% en dos años el impuesto de actos jurídicos documentados que se paga por ejemplo en la compraventa de una propiedad inmobiliaria, en la constitución de una hipoteca o en la ampliación de capital de una empresa. Según un estudio de la Asociación de Promotores y Constructores de Valencia, este aumento supone un encarecimiento del precio medio de una vivienda en unos 3.000 euros (500.000 pesetas).

Mientras el País Vasco ha decidido suprimir este impuesto en el caso de la compra o rehabilitación de la vivienda habitual, otras comunidades autónomas han optado por incrementarlo hasta el 100% en varios trámites, como por ejemplo Cataluña o el País Valenciano. La Generalitat catalana ha conseguido con esta medida multiplicar considerablemente la recaudación. Desde septiembre de 2001 hasta el mismo mes de 2002, el Departamento de Economía y Finanzas ha visto cómo los ingresos por este tributo aumentaban en un 54%, pasando de los 319,7 millones de euros a los 492,5 millones.

En el año 2001, el Gobierno catalán cobraba un tipo fijo del 0,5% sobre el valor total de la transacción. Es decir, por la compra de un propiedad por valor de 6.001 euros (10 millones de pesetas) el impuesto de actos jurídicos y documentados ascendía a 300 euros. En 2002, el Departamento de Economía desglosó este impuesto [ver cuadro adjunto] estableciendo tres tipos de gravamen según la cuantía del valor de la transacción. Por la misma cantidad de 6.001 euros, el impuesto hubiera ascendido a 450 euros, o sea, un 50% más caro.

Ahora, tan sólo un año después, el tributo de actos jurídicos vuelve a dispararse. La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003, que se aprobará la próxima semana en el Parlament, prevé una nueva modificación que supone para ciertos trámites duplicar de nuevo el impuesto. En el caso anterior referido a una operación económica de 6.001 euros, el impuesto a pagar ascendería a 600 euros, es decir, el doble que dos años atrás.

Aunque el consejero de Economía, Francesc Homs, ha negado en el Parlament por activa y por pasiva que la fiscalidad repercuta en el precio final de la vivienda, la oposición y algunos estudios contradicen este extremo.

La Asociación de Promotores y Constructores de la Provincia de Valencia cuantificó en unos 3.000 euros (unas 500.000 pesetas) el encarecimiento de una vivienda, después de que la Generalitat valenciana duplicara este año el impuesto de actos jurídicos documentados, un tributo traspasado mayoritariamente a las comunidades autónomas.

Por su parte, la Junta General de Vizcaya, que suprimió este tributo en 2001 para la compra y rehabilitación de la vivienda mediante un crédito hipotecario, calculó que el ahorro de cada contribuyente se elevaría a 200.000 pesetas. La Junta de Vizcaya dejó de recaudar ese año 2.000 millones de pesetas.

El portavoz económico del PSC, Martí Carnicer, denunció ayer el "crecimiento exagerado" de algunos impuestos y la "voracidad fiscal" del Gobierno catalán mientras "Homs y algunos consejeros insisten en el control y mantenimiento de algunos tributos", afirmó. "En vez de adoptar actuaciones directas sobre el mercado que permitieran controlar los precios, el Gobierno ha aprovechado la tendencia inflacionista de la vivienda para alcanzar unos niveles de recaudación muy elevados", añadió.