Complementos en disputa

Las tempestuosas relaciones entre la consejería de Educación y la Universidad del País Vasco (UPV) a cuenta del pago por ésta última de los complementos de productividad a su profesorado, que ha generado un déficit cercano a los seis millones de euros en el ejercicio 2001, se han convertido en una espiral de declaraciones y acusaciones mutuas que parece no tener fin. En esta escenificación de desavenencias, en las que el departamento de Anjeles Iztueta ha llevado la iniciativa, consecuencias y causas se han mezclado de tal forma que han tapado la evolución y la realidad de una iniciativa -los incentivos al cuerpo docente- que nació marcado por el consenso y que ha acabado por desarrollarse en medio de una agria disputa sobre su financiación.

El origen de los complementos retributivos por méritos individuales del profesorado se halla en conversaciones y propuestas cruzadas entre los dos actores ahora enfrentados, UPV y Gobierno, en 1995. Ya desde el comienzo, lo que buscaban ambas instituciones era fomentar la productividad y la calidad del cuerpo docente a través de un sistema de incentivos de carácter individualizado y con un proceso de concesión riguroso.

A lo largo de 1997 y 1998, la Junta de Gobierno de la UPV -el órgano que ahora se llama Consejo de Gobierno- estableció un reglamento y un modelo de solicitud de estos complementos. En febrero de 1999, el Consejo Social de la universidad, órgano con competencias en materias económicas y de desarrollo universitario en el que están representados los distintos sectores de la sociedad, sancionó los criterios para su adjudicación.

1.728 peticionarios

De acuerdo con la normativa aprobada, una comisión formada por representantes de los distintos campos de conocimiento, del Consejo Social, de la Junta de Personal Docente e Investigador y del Rectorado, evaluó a lo largo de ese año una a una las peticiones de 1.728 profesores. Todos ellos funcionarios -los asociados no estaban incluidos- optaban a unas ayudas divididas en siete tramos, cada uno de ellos de 1.500 euros brutos anuales, que se concedían o no en función de la valía demostrada en la docencia, la gestión y la investigación. La media de tramos obtenidos por las solicitudes aceptadas -en esa primera convocatoria, un 70%- fue de tres, lo que suponía una mejora salarial de 4.500 euros anuales brutos.

Para sufragar este sistema de retribuciones, inédito en España por su evaluación individualizada y no lineal, el Vicerrectorado de Asuntos Económicos hizo en 1998 una primera estimación de coste que superaba los seis millones de euros. En abril de 1999, el Gobierno de PNV y EA hizo una reserva presupuestaria de tres millones de euros para pagar estas ayudas, cantidad que se calculó para el pago del último cuatrimestre de ese año.

Esta cantidad ha sido la que, a causa de la prórroga de los presupuestos a la que se vió obligado el Ejecutivo desde entonces, se ha mantenido invariable en los siguientes ejercicios, lo que ha abierto el déficit económico de 12 millones de euros -seis millones correspondientes al ejercicio de 2001 y otros seis millones al presente-, que ha enturbiado las relaciones entre la consejería y el equipo rectoral encabezado por Manuel Montero.

Ante las acusaciones de "mala gestión" y "toma de decisiones unilaterales" que ha vertido Iztueta, el Rectorado ha argumentado que nunca ha ocultado la elaboración y desarrollo del sistema de complementos y que ha mantenido siempre contactos con el Ejecutivo para tratar de buscar la financiación adecuada a estas ayudas sobre las que el Gobierno vasco nunca se ha pronunciado en contra.

De hecho, fuentes del equipo rectoral subrayan que la UPV ha enviado a la consejería tres borradores para un convenio de financiación, fórmula elegida para entregar el dinero por el Gobierno, que rechazó, como quería en un principio la universidad, incluir esa partida en el capítulo ordinario de gastos de personal. El primero de los borradores fue presentado antes de la entrada en vigor de la LOU en 2001; el segundo, en el que se recogían las modificaciones motivadas por la nueva normativa, entre ellas, la ampliación de estas ayudas a los profesores no funcionarios, en marzo, y el tercero, el pasado 12 de noviembre. En este último se incluía el principio de reversibilidad, esto es, poder quitar tramos a aquellos profesores que no cumplan los requisitos por los que se les concedieron los incentivos.

El Gobierno vasco no niega la entrega de estos borradores y sigue apoyando la existencia de estos complementos, pero recalca sus críticas al pago de estas ayudas con un dinero que la UPV, según fuentes del departamento, no tenía.