Credibilidad decreciente

Hace algo más de tres años, la Comunidad de Madrid asumía el importante reto de gestionar la totalidad de nuestro sistema educativo. El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón acogió el hecho con satisfacción y la propia sociedad madrileña, o al menos los sectores más relacionados con la educación, asistieron a ese momento con ciertas dosis de esperanza, percibiendo la oportunidad que se nos brindaba para mejorar los índices de calidad y equidad de la educación.

Tres años después, lo que fue oportunidad se tiñe del color gris del desencanto. No hay, prácticamente, colectivo, asociación u organización social, sindical o profesional que no expongan quejas sobre la situación de la educación y sobre la evolución negativa de la capacidad de gestión y diálogo de la Consejería de Educación. La reciente petición de cese del consejero realizada por casi 200 directores de instituto, apoyada por la Junta de Directores de Escuelas Infantiles y por la Federación de APAS Giner de los Ríos, que agrupa a más de 800 asociaciones de madres y padres de alumnos, es el penúltimo episodio de la progresiva pérdida de credibilidad del Gobierno regional.

La incapacidad del Gobierno para aprovechar la favorable expectativa de las transferencias educativas es uno de los grandes fracasos de Ruiz-Gallardón que para redondear su faena quiere pasar el testigo a Esperanza Aguirre, primera ministra de Educación del PP, responsable entre otras cosas de que las transferencias madrileñas trajeran consigo un déficit de 60.000 millones de las antiguas pesetas. Este agujero se ha tragado de modo inmisericorde todos los esfuerzos presupuestarios del Gobierno regional. Han crecido los presupuestos -aunque de modo asimétrico: en cuatro presupuestos la enseñanza pública creció un 31%, mientras la concertada lo ha hecho en un 56%-, pero la herencia fue tan parca que los resultados han sido y son muy poco lucidos.

Al presidente y a sus dos consejeros de Educación se les llenó y se les llena la boca de palabras como excelencia, y alta calidad de la educación. Pero la realidad es tozuda y no solo porque se la recuerden a diario todos los sectores de la comunidad educativa, sino porque algunos datos hablan por sí mismos.

En efecto, tres años después, 18.151 familias no han obtenido la plaza que solicitaron en una escuela infantil pública para sus hijos menores de tres años. A pesar de las promesas del Gobierno, sobre un censo de más de 110.000 madrileños nacidos en el 2000, el 2001 o el 2002 sólo 18.000 están escolarizados en escuelas públicas de reconocido prestigio y calidad contrastada. Las conocidas como guarderías privadas atienden a otros 12.000 niños. Lo único excelente, pues, el déficit de plazas y las listas de espera.

La falta de planificación -y de fondos- para ampliar la red de centros públicos hace que hoy, miles de familias madrileñas escolaricen a sus hijos en barracones -125 según datos oficiales- o aulas masificadas -tanto públicas como concertadas- de la región. ¿Tendrá esto algo que ver con el puesto -el último- que ocupa la Comunidad de Madrid en el ranking de gasto medio por alumno? Las que sí han sido excelentes son las subvenciones a la enseñanza privada: si en 1999 había 30 aulas de 3/6 años concertadas en la Comunidad, hoy, tres años después, hay concertadas 1.297. El contraste con la situación de la red pública es sencillamente clamoroso, mucho más si observamos que se han concertado unidades de infantil en centros con rentas familiares medias altísimas: niveles 8 y 9 sobre un máximo de 10, en la escala de renta utilizada por la Comisión Provincial de Conciertos.

La insuficiente previsión aparece también cuando se trata de la formación profesional: más de 4.000 alumnos no obtuvieron plaza en el curso pasado en ciclos superiores de familias profesionales tales como informática o imagen y sonido. Pero es que además el Plan Regional de FP, prometido para el año 2000 todavía no existe. Graves carencias de la red de centros de personas adultas y de enseñanzas artísticas y escolarización tardía o en malas condiciones de miles de alumnos de 12 y 13 años -primer ciclo de la ESO-, completan un mapa escolar con graves carencias, no resueltas tres años y medio después.

Si el fracaso escolar, según datos de la Inspección, se sitúa en el 26%, si la red pública concentra -a veces en verdaderos guetos- a la inmensa mayoría del alumnado inmigrante y otras minorías desfavorecidas, si los centros abiertos en horario no lectivo son, todavía, demasiado escasos y si, en fin, las insuficientes becas para comedores escolares y libros de texto -frente a la gratuidad de éstos en otras comunidades autónomas- están generando una peligrosa competencia entre inmigrantes y españoles que necesitan estas ayudas, no es de extrañar la inquietud y el enfado de la inmensa mayoría de la educación madrileña.

En este contexto, ¿quién se va a sorprender del trasvase de alumnado de la red pública a la privada, especialmente en la capital donde ésta ha ganado 7 puntos en seis años -pasando del 53% en 1995 al 60% en el 2001-, los mismos que ha perdido la red pública? La educación madrileña no va bien. Algunos avances no compensan ni de lejos los abrumadores problemas. Para rematar, el actual consejero de Educación apoya, y de qué modo, las medidas impopulares -como la Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Calidad- de la ministra Pilar del Castillo.

Ahora, cuando Ruiz-Gallardón -mientras cambia de caballo para tratar de llegar antes a La Moncloa- aprovecha para prometer cientos de nuevos centros públicos en un extraño plan de choque a seis meses vista de las elecciones y cuando la comunidad educativa se moviliza para frenar o al menos paliar los efectos antisociales y segregadores de la llamada Ley de Calidad, quizá sea un buen momento para analizar con rigor la evolución del sistema educativo, comprobar los incumplimientos del Gobierno regional, las oportunidades fallidas y destacar a modo de corolario el crédito ciudadano perdido. El crédito que le dieron los madrileños se le agota en un contexto de fuerte movilización y conflictividad: huelgas de la enseñanza, concentraciones y manifestaciones apoyadas por sindicatos y federaciones de apas y estudiantes. El maquillaje progresista -que tanto ayudó al presidente a diferenciarse del Gobierno central- no le sirve ya para ocultar la verdadera cara de la educación madrileña.

Adolfo Navarro Muñoz es portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid.