El campo sin rostro

Varios representantes agrarios comentaban la pasada semana con ironía que la Guardia Civil, el clero y el campo son los tres únicos sectores valencianos donde todavía no se han realizado elecciones. Once autonomías españolas han convocado desde el inicio de la democracia elecciones a las cámaras agrarias provinciales para medir la representatividad de las distintas organizaciones. El campo catalán ya ha votado en tres ocasiones y el navarro lo hará por segunda vez a mediados de este mes. Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, mientras tanto, están en el lado opuesto ya que aún no han vivido ningún proceso electoral. El escollo en el caso valenciano está en el censo agrario. ¿Quién debe votar en unas elecciones al campo?

La reducción del censo de trabajadores agrícolas dificulta el proceso electoral

La ley española que regula esta cuestión arranca de 1986, de la época en la que el socialista Carlos Romero era ministro de Agricultura, según recordaban esta semana desde este ministerio. Lanzada con la intención de medir la representatividad de los sindicatos agrarios, la ley vació de contenido las cámaras agrarias locales dejando las provinciales. También limitó el censo de votantes a los trabajadores agrarios en régimen de autónomos y a aquellos que están dentro del régimen especial agrario por cuenta propia. Esta limitación en la práctica reducía el censo agrario. Una cuestión que en Aragón, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Murcia, Cataluña, Navarra, La Rioja, Madrid, Galicia y Cantabria no ha supuesto un problema pero que en el caso de la Comunidad Valenciana ha paralizado cualquier intento de convocatoria en firme. El campo valenciano es el más minifundista de España, según recordaba en cifras hace un tiempo el Instituto Nacional de Estadística (INE), y la actividad agraria a tiempo parcial gana terreno desde hace años. Fuentes del sector explican que hay alrededor de 200.000 titulares de explotaciones en la Comunidad Valenciana. De ellos, unos 17.000 cumplirían una de las dos condiciones que marca la ley para votar a las cámaras agrarias provinciales. En este punto, hay que tener en cuenta que en otras autonomías el censo de votantes oscila entre los 3.261 de Madrid y los 70.527 de Galicia.

Las elecciones en el campo medirían la representatividad de organizaciones como La Unió de Llauradors-Coag (autonómica), de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) en Valencia, de Fepac-Asaja en Castellón, de Jóvenes Agricultores-Asaja en Alicante y de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), de la Unión General de Trabajadores (UGT-PV). Y sus resultados servirían para marcar el porcentaje de ayudas y subvenciones que deben recibir las distintas organizaciones agrarias en función de esa representatividad.

La Consejería de Agricultura, encargada de convocar y organizar las elecciones, parece estar a la espera de que las organizaciones agrarias se pongan de acuerdo. Fuentes de la Unió de Llauradors recuerdan que la última vez que se sentaron para hablar del tema fue en los años en los que Salvador Ortells era consejero de Agricultura.

La Unió defiende la convocatoria de elecciones "aunque las perdamos". Uno de los once puntos de la Declaración de Valencia que salió de su último congreso hace un mes defendía como "imprescindible que los agricultores y ganaderos" puedan decidir "de una vez por todas, en unas elecciones a Cámaras Agrarias Provinciales, qué modelo agrario queremos para el campo valenciano". La organización asegura que está dispuesta a aceptar que se incluya en el censo de votantes valenciano a los profesionales que dediquen la mitad de su tiempo a actividades agrarias, que al menos el 25% de sus ingresos provengan de su trabajo por cuenta ajena y el 75% restante de sus cultivos.

El secretario general de AVA, Juan Salvador Torres, por su parte, explica que entre un 80 y un 90% la agricultura valenciana es a tiempo parcial por lo que estos propietarios "no podrían votar". La organización agraria cree que las elecciones deben ser representativas de la "realidad del campo valenciano" y por eso asegura que "tal y como están las cosas no tiene sentido" convocar elecciones.

El Ministerio de Agricultura, mientras, pretende impulsar una nueva normativa que regule esta cuestión y que quiere consensuar con las organizaciones agrarias y con las distintas comunidades autónomas.